La fiscalía ha pedido al juez del caso Millet, Josep Maria Pijoan, que envíe al Tribunal de Cuentas el informe policial que señala que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) recibió donaciones de empresas adjudicatarias de obra pública a través de su fundación, la Trias Fargas, para que investigue si hubo financiación irregular del partido. Dicho informe concluye que CDC obtuvo, a través del Palau de la Música, aportaciones de la constructora Ferrovial y de otras empresas de relevancia adjudicatarias de la Generalitat.

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Información publicada en la página 24 de la sección de Política de la edición impresa del día 08 de junio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El propósito de remitir el informe al Tribunal de Cuentas, organismo con capacidad sancionadora, es que analice si los fondos bajo sospecha fueron declarados por las empresas donantes -dado que las donaciones anónimas están prohibidas por ley- y si las cantidades entregadas superaban el máximo de 100.000 euros anuales que permite la legislación. Otra de las cuestiones a investigar sería la relación entre CDC y las empresas donantes, dado que el informe policial resalta que estas eran adjudicatarias de obras y servicios públicos, por lo que las concesiones podrían estar «viciadas».

POSIBLE SANCIÓN / La financiación de CDC a través de donativos de empresas podría llegar a ser objeto de sanción administrativa por parte del Tribunal de Cuentas, pero para que constituya delito se requiere una contraprestación por parte del partido que sustentara un posible cohecho. Del informe policial podrían derivarse también irregularidades fiscales en las operaciones financieras entre las empresas donantes y la fundación convergente para burlar la tributación correspondiente.