INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL PP
Prisión con fianza de cuatro millones para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado este jueves por la noche prisión eludible con fianza de 4 millones de euros para María Fernanda Richmond, la exdirectora financiera de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II, y de 100.000 euros para el exgerente Adríán Martín. La Fiscalía Anticorrupción pedía prisión incondicional para ella, informaron fuentes jurídicas.
Ambos son los primeros detenidos en la operación Lezo que han declarado en la Audiencia Nacional. Aunque fuentes jurídicas señalaron que la petición fiscal ya no se basará en la organización criminal para solicitar la medida cautelar propuesta, el magistrado, en su resolución, sí lo cita junto a los delitos de falsificación de documentos públicos, blanqueo, prevaricación, malversación y fraude.
El magistrado, que tomará este viernes declaración al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonzálezexpresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, les considera responsables de la compra de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçao. La Comunidad de Madrid denunció en su día que se llevó a cabo en el 2013 a través de un complejo entramado financiero, cuando González presidía la comunidad y Salvador Victoria, la entidad pública. Se pagaron 21,4 millones de euros y medio año después su valoración fue de cinco. La fiscalía cifra las pérdidas para las arcas públicas en 25 millones de euros.
COMISIÓN DE OHL
El juez Velasco también ha tomado declaración a un investigado que no fue detenido, el empresario Adrián de la Joya, relacionado con el pago de una comisión de la constructora OHL en Suiza. Fuentes jurídicas señalaron que colaboró con la justicia y no se solicitó para él ninguna medida cautelar.
Fuentes fiscales se negaron a adelantar la medida que se adoptará este viernes respecto a González o Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte del expresidente madrileño en Latinoamérica y cesado hace un año como presidente de Inassa, al aparecer relacionado con los 'papeles de Panamá'. Dichas fuentes consideran una falta de respeto decir que se pedirá prisión sin escuchar al imputado.
Lo que sí es seguro es que su petición no se basará en el delito de organización criminal que aparecía en la querella que dio origen al procedimiento, ya que, según fuentes jurídicas, la fiscalía ha decidido retirarla de momento a la espera del contenido del material intervenido en los registros realizados.
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