La fiscalía pedirá el archivo de la denuncia del Govern contra la Guardia Civil por interrogatorios a altos cargos

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pedirá el archivo de la denuncia presentada por los abogados de la Generalitat de Catalunya contra los agentes de la Guardia Civil que han participado en el interrogatorio de cargos del Govern en relación a la organización del referéndum de independencia anunciado para el 1 de octubre.

Según fuentes de la Fiscalía General del Estado citadas por la agencia Efe, lo harán "por la manifiesta improcedencia" de la denuncia.

El juez que investiga el referéndum defiende la labor de la Guardia Civil

El Govern de Carles Puigdemont presentó el 29 de julio una denuncia contra los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo la semana pasada los interrogatorios contra varios altos cargos de la Generalitat en relación con los preparativos del referéndum soberanista.

La denuncia fue presentada por la Generalitat por orden del 'conseller' de Presidència y portavoz del Govern, Jordi Turull, en el juzgado de instrucción de Barcelona en funciones de guardia.

"Vulneración de derechos"

Turull ya anunció que denunciarían "la grave vulneración de derechos fundamentales" que, a su juicio, se había perpetrado en la declaración ante la Guardia Civil del secretario general de Presidència, Joaquim Nin.

La Guardia Civil ha interrogado como testigos a varios altos cargos del Govern en las pesquisas que lleva a cabo como policía judicial en el marco de la investigación de los preparativos del 1-O ordenada por un juez de Barcelona a raíz de las afirmaciones del exsenador Santi Vidal atribuyendo al Govern acciones ilegales. Además de Nin, la Guardia Civil ha citado al director de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet; a la jefa de Comunicación de la Conselleria de Exteriors, Anna Molas; y al exportavoz del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, entre otros. También están siendo investigados el propio Vidal, el secretario de Hisenda, Lluís Salvadó, y el jurista Carles Viver Pi-Sunyer.

En su escrito, el Ejecutivo catalán expuso cinco presuntos delitos recogidos en el Código Penal en la actuación de los agentes: contra los derechos individuales, obstrucción a la justicia, usurpación de atribuciones, falsedad documental y violación de secretos. En el caso concreto de Nin y Clotet, los abogados de la Generalitat aseguraron que se violó su derecho fundamental a la defensa al retrasar la comunicación de la condición de investigado, lo que impidió que se pudieran defender desde un primer momento acompañados de sus abogados al haber sido citados como testigos.

Asimismo, el Govern denunció que los interrogadores trataron de influir en la declaración de los testigos acusándolos "insistentemente" de mentir y adviertiéndoles de las consecuencias de sus actos con una actitud agresiva y de presión.

Tras la denuncia de la Generalitat, el juez instructor del caso salió en defensa de la Guardia Civil y alegó que los agentes le han ido comunicando previamente todas sus actuaciones y que las han llevado a cabo cumplinedo escrupulosamente con su función de policía judicial.