La fiscalía niega "intencionalidad política" en la citación de Mas
La exvicepresidenta Joana Ortega y la 'consellera' en funciones Irene Rigau, en una imagen de archivo.
Por qué confiar en El Periódico La Fiscalía Superior de Catalunya no cree que haya «intencionalidad política» en la fecha fijada por el juez del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para interrogar a Artur Mas, el 15 de octubre, y considera que relacionarla «con presiones de otros poderes del Estado e incluso con connotaciones históricas [coincide con el 75º aniversario del fusilamiento del presidente Lluís Companys], atenta gravemente contra la independencia del Poder Judicial y contra el propio sentido común».
Así lo transmitió ayer, a través de un comunicado, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, para salir al paso de las reacciones que provocó la imputación del president en funciones. En su nota, exige «respeto a la independencia judicial» y considera que habría sido «poco sensato» que el juez hubiera interrogado a Mas en plena campaña «como alguna parte pedía». Según la fiscalía, la fecha elegida por el instructor «ha respondido adecuadamente tanto a la necesidad de recoger un mínimo de evidencias sobre los hechos objeto de la investigación como al respeto al proceso electoral».
REUNIÓN / El abogado de Mas, Xavier Melero; de la exvicepresidenta Joana Ortega, Rafael Entrena; y de la consellera Irene Rigau, Jordi Pina, se reunieron ayer para organizar la defensa de los imputados. Respecto a la comparecencia de Mas, aún no está claro si será en los juzgados o en su despacho. Existe un debate abierto en el seno de CDC sobre la conveniencia de uno u otro lugar.
Fuentes conocedoras del encuentro aseguraron a este diario que la estrategia de defensa está diseñada desde que la fiscalía presentó la querella. Pasa por la negación de que los encausados hayan cometido delito de desobediencia, ya que respetaron «en todo momento, la normativa aplicable, en una actuación políticamente comprometida e institucionalmente responsable», según se expone en un recurso contra la admisión de la querella. A su entender, el Constitucional abortó la celebración de la consulta y, en su lugar, se realizó un «proceso participativo», que se llevó a cabo de manera «pacífica y democrática». Por lo tanto, añaden, no existió «desobediencia grave», como afirma la fiscalía.
La defensa también destaca la inexistencia de un mandato preciso del Constitucional y de una negativa «abierta, reiterada y contumaz» a dar cumplimiento a la resolución de TC, como exige el Código Penal para apreciar el delito de desobediencia.
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