La fiscalía reclama a la jueza de los ERE que eleve ya al Supremo la causa contra Griñán y Chaves

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado a la jueza que investiga el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, que eleve ya al Tribunal Supremo (TS) la parte de la causa referida a los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros cinco exconsejeros regionales durante los años 2000 y 2011 que también están aforados en la actualidad. La fiscalía entiende que el juzgado ya ha agotado en lo posible la investigación sobre su supuesta participación en los hechos.

Además, la fiscalía solicita que se abran piezas separadas para cada una de las tramas que la jueza investiga en el marco de la causa, a fin de "simplificar y activar el procedimiento". Así, propone que se desglose una pieza centrada en el pago y destino de las llamadas "sobrecomisiones" abonadas a las empresas que mediaron en las ayudas, y otra pieza, más política, referida al sistema escogido por el Ejecutivo andaluz para dar ayudas al margen de cualquier control y de forma arbitraria. Por último, propone separar en distintos expedientes cada una de las ayudas concedidas a empresas, ya fueran ayudas directas o sociolaborales pagadas con dinero público.

En este sentido, el ministerio público apunta a que podrían investigarse 126 ayudas sociolaborales o prejubilaciones, en algunas de las cuales aparecieron personas ajenas a las empresas beneficiarias o "intrusos", y un total de 275 ayudas directas a empresas, muchas de las cuales fueron a parar a empresarios relacionados con el entorno del PSOE en la comarca sevillana de donde procedía el exdirector general de Trabajo y principal implicado en la causa Francisco Javier Guerrero.

Más de tres años y 140 imputados

A juicio de Anticorrupción, estas cifras ponen de manifiesto no solo "la extensión y complejidad" de la causa, sino "lo incierto de su horizonte temporal"; de ahí que se incline por ir cerrando etapas de un sumario que acumula ya más de tres años de investigación y 140 imputados. Las pesquisas ponen de relieve que de la partida de 1.270 millones usada con el procedimiento considerado inadecuado por Alaya se pudieron defraudar unos 140 millones, de los que 17 corresponden a los 196 falsos trabajadores; 50, a las sobrecomisiones pagadas a empresas mediadoras, y 73, a ayudas directas que no correspondían a más de un centenar de empresas. 

El pasado diciembre, Alaya dictó un auto en el que dio el primer paso para la imputación de Chaves, Griñán y a los cinco exconsejeros, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila. La jueza pedía formalmente al Senado y al Congreso que le informaran de la condición de aforados de ambos, lo que suponía el paso previo para elevar al TS la parte de las diligencias que les señalan.