La Fiscalía Anticorrupción espera de Iñaki Urdangarin algo más que una confesión y la reparación del daño causado por la actividad del Instituto Nóos a las arcas públicas en su oferta de pacto para eludir el ingreso en prisión por el caso Palma Arena.

El ministerio público quiere que el duque de Palma revele dónde guarda los fondos desviados desde la fundación sin ánimo de lucro hacia el entramado societario que orquestó con su exsocio, Diego Torres, además de explicar los mecanismos utilizados para la evasión de capitales.

La pista del dinero ha conducido a la investigación a cuentas corrientes en paraísos fiscales, donde el rastreo topa con las marañas propias de la ingeniería financiera y los muros de la confidencialidad bancaria. El afloramiento del dinero evadido, cuya cuantía no supera por lo visto hasta la fecha el límite del delito fiscal, podría ayudar a dulcificar el amargo final de una segura condena, según apuntan fuentes próximas al caso. Además de la indemnización por responsabilidad civil, aún no cuantificada pero que podría rondar los cuatro millones de euros a repartir entre Urdangarin y Torres, deberán saldar la deuda con Hacienda si se demuestra el fraude fiscal.

Para trasladar una oferta a la fiscalía, el duque de Palma debe superar otro escollo: llegar a un acuerdo con Torres. No está cerrado, pero parece la única opción para evitar la cárcel. La dinámica destructiva de su relación ha dado alas a la investigación, que sigue abriendo nuevos frentes. El último, aún bajo secreto de sumario, se centra en una segunda cuenta en Suiza y apunta a un colaborador de Urdangarin, José María Treviño, persona muy próxima a la familia real.

A estas alturas del caso Palma Arena, a nadie se le escapa que está en juego mucho más que la vida de dos ejecutivos del mecenazgo, que escalaron sin escrúpulos y a velocidad de vértigo en el mundo de los negocios, sirviéndose del trampolín de una fundación sin ánimo de lucro para engordar su patrimonio. El cortafuegos en torno al duque de Palma fue derribado por la divulgación de correos que implicarían al Rey y a la infanta Cristina. La entrega de esta documentación al juez José Castro por parte del letrado de Torres, Manuel González Peeters, y la hipótesis de que se guarde en la recámara material más sensible, elevó la tensión hasta un punto de difícil, pero no imposible, retorno.

Actividad reducida a la nada

Si de Urdangarin pende, en parte, la salvaguarda de la maltrecha imagen de la Casa Real, en Torres pesa la necesidad de reconstruir su vida, totalmente arruinada desde el estallido del escándalo. A diferencia del yerno del Rey, que sigue cobrando como consejero de Telefónica y dispone de otras rentas por vía matrimonial, su actividad profesional ha quedado reducida a la nada absoluta.

Las negociaciones iniciadas hace semanas por personas del entorno de máxima confianza de ambos han sufrido altibajos, como su propia relación. El tiempo avanza y el 22 de mayo está a la vuelta de la esquina. Es el día en que Torres declarará ante el juez Castro, después de haber rehusado hacerlo en su primera citación y haber respondido con un enigmático «esto es muy serio» cuando le interrogó la policía.

La confesión ya ha sido puesta en práctica en otra pieza del Palma Arena, la que condenó al expresidente balear Jaume Matas a seis años de prisión por diversos contratos de la comunidad autónoma con el periodista redactor de sus discursos, Antonio Alemany. Un empresario y el exdirector general de Comunicación del Ejecutivo de Matas reconocieron los hechos y consiguieron eludir el ingreso en prisión. También se utilizó en el caso Millet. Además de confesar los delitos, el expresidente de la Fundació Orfeó-Palau de la Música ofreció depositar 1,6 millones para reparar los daños y realizó una declaración de la renta complementaria para no incurrir en fraude fiscal. «Intentamos no entrar en prisión», dijo entonces su abogado.

Aunque el monto captado por el entramado Nóos en los últimos nueve años se estima en 17 millones de euros, el grueso de la investigación se centra en los 6,1 millones conseguidos de las arcas públicas de Valencia y Baleares. El yerno del Rey y Torres compartieron la mitad a través de cantidades derivadas a Nóos Consultoría Estratégica. Torres obtuvo otros 2 millones más mediante pagos a Virtual Estrategies, Shiriaimasu e Intuit Strategy Innovat, vinculados a él, su esposa y sus cuñados, mientras que Urdangarin y la infanta Cristina lograron 747.889 euros con Aizoon, que se benefició de otras contratas públicas. Los investigadores ya intuían hace meses que las dificultades judiciales podrían aproximar a los dos exsocios por la necesidad de hacer frente común.