LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

La fiscalía denuncia a la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, por fraude

El ministerio público también ve indicios contra el hermano de Ignacio González y otros 14 cargos públicos por una operación de Mercamadrid

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En pleno escándalo por la operación Lezo, el PP vuelve a acaparar un día más los focos por un nuevo caso de corrupción. Este martes se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a la delegada del Gobierno en MadridConcepción Dancausa, por un delito societario en la época en la que fue concejala del Ayuntamiento de Madrid y presidenta de Mercamadrid.

El motivo es una operación de Mercamadrid denunciada hace un año por la actual presidenta de esta empresa y teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras, y el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

Además de Dancausa, la fiscalía también ha llevado ante el juez a Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (ambos en prisión desde el viernes por la operación Lezo) y a las otras 14 personas que formaban parte en el 2013 del consejo de administración de Mercamadrid, una sociedad mixta participada en un 51% por el Ayuntamiento de Madrid. Cuando se cometió el supuesto fraude, Ana Botella estaba al frente del consistorio de la capital.

UN HOTEL Y SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

Los hechos se remontan al 2001, cuando Mercamadrid convocó un concurso para adjudicar la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración, que ganó la empresa Konin 22. La sociedad le impuso la obligación de pagar un canon de derecho de superficie por el hotel de 97.604,37 euros anuales, y de 41.830,44 euros anuales por la otra superficie. En el 2003, Konin 22 cedió los derechos a Merca Ocio Hoteles 22.

En su denuncia, el ministerio público explica que Merca Ocio Hoteles 22 dejó de pagar los cánones en marzo del 2010, lo que motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales para reclamar el dinero audeudado. A su vez, la empresa explotadora reclamó extinguir el derecho de construcción y explotación de la superficie dedicada a servicios de restauración y reclamó una indemnización por daños y perjuicios de 8 millones de euros aduciendo la imposibilidad de explotar el negocio.

Mercamadrid se negó a esta reclamación y aportó pruebas de que la empresa había realizado eventos en estas zonas por las cuales se negaba a pagar. No obstante, el 16 de octubre del 2013, el consejo de administración de la sociedad aprobó por 18 votos a favor y ninguno en contra un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial al litigio y que otorgaba viabilidad a la demanda de Merca Ocio 22, aceptando alquilar las citadas superficies a pesar de que eran de su propiedad.

"ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO"

Según la fiscalía, con este acuerdo, Mercamadrid permitió el "enriquecimiento ilícito" de Merca Ocio al dejar de ingresar 698.397,70 euros y asumir la obligación de pagar a la empresa 592.208,40 euros más IVA (cantidad que subió hasta 623.377,20 euros dos años después) desde el 1 de octubre del 2013. Además, se fijó el pago de estas cuotas hasta el año 2032.

Anticorrupción ha contabilizado en 2.255.349,51 euros la cantidad abonada a Merca Ocio hasta octubre del 2016 "para obtener el uso de dos salas -de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno".

INFORME DE DENUNCIA

El extenso informe presentado por Higueras y Sánchez Mato, en el que se basa la denuncia de la fiscalía, hacía hincapié en que Mercamadrid asumió el pago de un alquiler de unas naves a Merca Ocio durante 20 años para evitar un litigio judicial, un alquiler que cifraron en un "81% superior al precio de mercado". El documento detallaba que "si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad", lo que "es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio".

Higueras ha explicado este martes que el ayuntamiento depositará en el juzgado los 40.000 euros mensuales que paga a Merca Ocio para seguir "cumpliendo con el contrato blindado por los anteriores gestores de Mercamadrid hasta el 2032, pero con la esperanza de poder revertir la situación".