hallazgos en el 'caso Petrum'

La fiscalía basa sus pruebas en documentos que intentaron ser triturados por CDC

Registro en una sede de CDC, en octubre del 2015.

Registro en una sede de CDC, en octubre del 2015. / LLG/seb

JESÚS J. ALBALAT/ BARCELONA / MARGARITA BATALLAS / MADRID

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La fiscalía anticorrupción sostiene, en un comunicado hecho público este miércoles, que ha encontrado las pruebas que acreditan que CDC se financió ilegalmente a través de su fundación Catdem que recibía las comisiones del 3% que le pagaron empresarios a cambio de adjudicaciones públicas. Por ello, este miércoles ha detenido a 10 personas y ha practicado numerosos registros para apuntalar estas sospechas.

En el comunicado se recuerda que esta operación se inició en el 2014 al descubrirse el pago de sobornos de Jordi Sumarroca al entonces alcalde de Torredembarra Daniel Massagué a través de la fundación Catdem. En julio del 2015 estos indicios se completaron con los papeles intervenidos a Sumarroca que acreditaban “adjudicaciones fraudulentas por entidades púbicas”. Estas prácticas también se llevaron a cabo en otros ayuntamientos como Figueres, Sant Celoni, Sant Cugat y Lloret del Mar, todos ellos gobernados por Ciu.

LA FUNDACIÓN COMO TAPADERA

Anticorrupción exigió a estos consistorios que le facilitaran información sobre las relaciones mantenidas con la empresa de Sumarroca, Teyco, y al cruzar datos ha podido constatar que este empresario ha pagado comisiones por un un importe del 3% "por sus contrataciones con estos ayuntamientos". Por ello, usó a la fundación "para realizar estos pagos".

Además, la fiscalía optó por ampliar sus pesquisas y comenzó a analizar a los donantes de la CatDem para ver "si es un canal directo de afluencia de dinero a CDC desde los sobornos". Y tuvo en cuenta que Viloca es tesorero d Catdem, de CDC y de las fundaciones Fórum Barcelona y Nous Catalans.

La guardia civil, según la nota de la fiscalía, ha encontrado "evidencias de la estructura" que ha reunido en 25 bloques que han sido entregados al juez Josep Boch. Entre ellas figuran los papeles que aparecieron en una trituradora en el despacho de Viloca el pasado mes de agosto cuando fue registrado su despacho. La reconstrucción ha sido llevada a cabo por agentes de la Benemérita.

LOS DELITOS

Las 10 personas detenidas hoy están acusadas de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal, alteración de subastas y concursos públicos y falsedad en documento mercantil. Además de la de Viloca, han sido arrestados el secretario del patronato de la fundación Catdem y exgerente de CDC, Carles del Pozo, una administrativa del partido, y el director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell. Han sido detenidos también seis empresarios del sector de la construcción: Jordi Soler (Grupo Soler), Xavier Tauler (Copisa), Antonio García Bragado (Tec 4), José Luis Romero (Rogasa), Josep Manel Bassols (Oproler Barcelona) y Sergio Lerma (Oproler Madrid).

Según la fiscalía, fruto de los registros y operaciones policiales anteriores "se obtuvo una serie de evidencias, estructuradas en 25 bloques documentales", "siendo de especial relevancia que se recogiera una serie de documentos triturados en una destructora de papel ubicada en el despacho de Viloca, en la sede de CDC". La reconstrucción de esos documentos que quisieron ser destruidos ha permitido fundamentar la acusación. En opinión de la fiscalía, la investigación se centra en la vinculación entre las donaciones para la fundación Catdem y las fuentes de financiación de CDC "desde los sobornos". El hecho de que Viloca sea el administrador de Catdem, tesorero de CDC y de las fundaciones Fórum Barcelona y Nous Catalans hace que las sospechas hayan fructificado en una operación a gran escala.