CORRUPCIÓN.CAT
Archivada la denuncia contra los fiscales del 'caso 3%' acusados de coacciones
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. ALBALAT / BARCELONA
La Fiscalía Superior de Catalunya ha archivado la denuncia presentada por el abogado Rafael Pallardó Calatrava, investigado por blanquear dinero de la mafia china de Gao Ping, contra los fiscales anticorrupción <strong>José Grinda </strong>y<strong> Fernando Bermejo</strong>, los dos fiscales del 'caso 3%' -de presuntas comisiones de constructoras a CDC-, y Juan José Rosa por posibles delitos de coacciones y contra la Administración de Justicia. El letrado, que había trabajado para la Banca Privada de Andorra, sostenía que los tres representantes de anticorrupción le habían presionado para declarar que Jordi Pujol y su mujer, Marta Ferrusola, habían movido dinero en Andorra, a través de la entidad en la que trabajaba, cuando estos datos eran falsos.
El fiscal que ha llevado la denuncia presentada por Pallardó, ha acordado no proceder contra Grinda, Bermejo y Rosa, al considerar que no ha quedado acreditada la existencia de coacción alguna. Esta decisión la ha tomado tras tomar declaración al mismo denunciante, que se ratificó en sus acusaciones, y a sus abogados, que intervinieron en este asunto y negaron presiones por parte de los fiscales denunciados. No ha hecho falta la declaración de dichos fiscales para poder comprobar que los hechos relatados por Pallardó no están probados.
La denuncia fue tramitada en marzo por el entonces fiscal jefe de Anticorrupción, <strong>Manuel Moix</strong>, que dimitó el pasado 1 de junio, tras conocerse su participación como copropietario en una sociedad radicada en <strong>Panamá</strong> y después de que su labor en el <strong>'caso Lezo'</strong> ( que ha supuesto la prisión para el expresidente de la Comunidad de <strong>Madrid Ignacio González</strong>) fuera reprobada por el Congreso. Los fiscales afectados llegaron a pedir amparo al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, con el apoyo de todos sus compañeros de Anticorrupción, ante una denuncia que consideraban una injerencia a su labor. El consejo fiscal, el órgano de representación de la carrera, rechazó esta petición, al estimar que esta figura no estaba recogida en el estatudo que rige al ministerio público.
LA REUNIÓN
Pallardó sostenía en su denuncia que en una reunión mantenida con Bermejo, Grinda y Rosa, el 12 de marzo del 2015 en Barcelona, y a la que acudió con su abogado y un colaborador de este, los fiscales le instaron a que les hiciera entrega de una serie de correos electrónicos emitidos por el banco BPA, donde se instaban a que entregaran una determinadas cantidades de dinero a una persona que respondía a las iniciales JP, JPM y JPmarta.
Según este abogado, en esa entrevista se le preguntó si esas iniciales correspondían a Jordi Pujol padre, al hijo, o a la esposa del expresidente de la Generalitat. Pallardó explica que, ante su "resistencia" a asentir sobre si las siglas correspondían al exmandatario y su familia, cosa que no era cierta, le instaron a que le convenía colaborar y que si no lo hacía no se le facilitarán "ventajas procesales". Fuentes de la fiscalía han asegurado, sin embargo, que Pallardó les pidió dinero a cambio de información. Los fiscales agraviados podrían ahora poner una demanda al ver visto vulnerado su honor.
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