La fiscalía ha pedido este lunes que la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía --que instruye la presunta trama de corrupción en la adjudicación de estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)-- que envíe al Tribunal Supremo la investigación abierta por la actuación del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Joaquín José Ortiz Blasco. Al ser aforado, este juez debe ser investigado por el alto tribunal.

Una estación de ITV de Barcelona. FERRAN NADEU

Ortiz, presidente de la sección quinta de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, fue el magistrado ponente que el 9 de mayo del 2011 acordó suspender un concurso público de adjudicación de estaciones de la ITV convocado por el Govern tripartito, atendiendo a un recurso contencioso presentado por la empresa Certio ITV. La medida cautelar fue recurrida posteriormente por la Generalitat. Este magistrado se reunió en una comida con dos abogadas de la Generalitat y un empresario imputado por el presunto intento de amañar un concurso público.

Tráfico de influencias

Precisamente, en la investigación abierta por la jueza López Mejía, que está bajo secreto de sumario, se trata de averiguar si la trama de empresarios y cargos de la Generalitat imputados trataron de influir para amañar en su beneficio el concurso de adjudicación de licencias para la revisión de vehículos que estaba impugnado.

En la causa están imputados, por los delitos de tráfico de influencias y falsedad documental entre otros, el número 2 de la Diputación de Barcelona, Josep Tous --cuya ratificación en el cargo quedó en suspenso a raíz del caso--, el subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, y los empresarios Ricarg Puignou, Sergi Pastor y Sergi Alsina.

El magistrado Ortiz fue también ponente del auto del TSJC que en julio del año pasado dio un ultimátum de dos meses a la Generalitat para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, una resolución que después fue corregida por el pleno de la sala contencioso-administrativa.