El fiscal pide hasta 17 años para tres cargos de una fundación afín a UDC por estafa

El fiscal solicita, en su escrito de calificación, penas de hasta 17 años de cárcel para tres cargos de la Fundació Catalunya i Territori por cometer supuestamente un delito continuado de estafa a través de un entramado financiero. Según el ministerio público, esta entidad, que está vinculada a Unió Democràtica de Catalunya, habría desviado fondos al partido democristiano.

Asimismo, la fiscalía reclama que el expresidente de la fundación Josep Boqué y los vocales Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés indemnicen a la entidad por los fondos presuntamente desviados a UDC que no hayan sido devueltos por el partido, cifra que asciende al menos a 61.448 euros.

Según alega en su escrito el representante de la acusación pública, la fuerza democristiana recibió fondos de la entidad para saldar deudas con el grupo empresarial IMS por la organización de congresos, reuniones y jornadas. El juez de instrucción y el fiscal concluyen que el exgerente de UDC Josep Maria Núñez, fallecido el pasado jueves 3 de abril y para el que el fiscal también solicitaba 2 años y 4 meses de cárcel, y los entonces dirigentes de la fundación desviaron estos fondos de manera "conjunta y concertada".

Además, el fiscal también propone que se condena a tres años y un mes al administrador de la constructora Copisa José Cornado, que aportó fondos de su compañía para que IMS saldara una deuda de 1,1 millones de euros, y a un año y 11 meses a Xavier Soriano, vinvulado a esta entidad pero que no ocupaba ningún cargo en ella.

Querella de la fiscalía

Este caso de presunto desvío de fondos deriva de una querella que presentó la Fiscalía de Barcelona contra una trama financiera integrada por una treintena de empresas de poca actividad que orbitaba alrededor del grupo empresarial IMS y de la Fundació Catalunya i Territori. Esta entidad alquilaba varios locales a Unió pero, desde el 2005, los acusados dejaron de exigir el pago del arrendamiento al partido y finalmente la fundación vendió los locales a Unió por un precio "a todas luces sensiblemente inferior al de mercado".

El pasado mes de julio, Unió devolvió a la Fundació Catalunya i Territori 195.700 euros en concepto de los alquileres dejados de abonar, pero el fiscal arguye que el partido debe todavía abonar los intereses del arrendamiento. Además, el ministerio público sostiene que López y Cortés pagaron con fondos de la fundación 61.448 euros que Unió adeudaba a una empresa por la organización de congresos, una cantidad que el fiscal también le reclama.

Asimismo, el ministerio público considera que los acusados "abusaron de su condición de rectores" de la fundación para desviar al grupo IMS 1,7 millones de euros procedentes de la caja social de la entidad entre el 2004 y el 2007.