El fiscal pide al juez el embargo de 15 sedes de CDC por el 'caso Palau'

El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha solicitado al juez que investiga el 'caso Palau' que embargue 15 sedes de Convergència Democràtica de Catalunya. Anticorrupción reclama la medida después de que el partido nacionalista haya vendido a un grupo empresarial de Hong Kong el edificio de la calle de Còrsega que había depositado como garantía ante el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona para hacer frente a una presunta responsabilidad civil por el desvío de fondos del Palau de la Música. Tras conocer el escrito de Anticorrupción, fuentes de CDC acusaron a la fiscalía de "buscar solamente un titular" y anunciaron que presentarán alegaciones en cuanto reciban la notificación de la medida, oponiéndose a ella "porque no se ajusta a derecho".

Convergència entregó la escritura de su sede central como garantía para cubrir la fianza de 3,2 millones de euros que le impuso el magistrado en concepto de "responsabilidad civil a título de partícipe lucrativo" por el saqueo de la institución cultural. El fiscal, que en aquel caso no solicitó el embargo, sostiene ahora que el partido debe aportar más bienes, ya que las 15 sedes no cubrirían los 6,6 millones de euros de las supuestas "comisiones ilícitas" a cambio de adjudicaciones de obra pública durante el último Govern de Jordi Pujol que CDC habría cobrado de la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música, en la etapa de Fèlix Millet y Jordi Montull como máximos dirigentes.

LISTA DE LOCALES

Hace unos días, el partido comunicó la venta de su sede nacional al titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, José Julián García Eulate, y le presentó una lista de 15 locales y sedes en distintas localidades: Amposta, Castelldefels, Figueres, Granollers, Capellades, Lleida, Mataró (2), Móra d'Ebre, Reus, Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Tortosa, Sant Feliu de Llobregat y el barrio de Gràcia de Barcelona. Según el informe entregado por Convergència, esos inmuebles tienen un valor estimado de 3,6 millones, que supera a la responsabilidad civil exigida hace tres años por el magistrado.

Por un "error de cálculo" en su estimación, el juez elevó de 5,1 a 6,6 millones de euros la cantidad que acabó en las arcas de Convergència Democràtica, aunque en todo este tiempo no se ha requerido al partido para que aumente la garantía depositada inicialmente. Y precisamente eso es lo que ahora reclama el fiscal anticorrupción tras constatar que, a diferencia de la sede central, los nuevos inmuebles apenas cubren la cantidad con la que supuestamente se benefició CDC. El fiscal argumenta que es necesario embargar las sedes para evitar que el partido pueda venderse otras sedes a su antojo.

Según las conclusiones provisionales del juez y el fiscal del 'caso Palau', CDC resultó beneficiada del desfalco del Palau, tanto si se considera que el dinero recibido provenía de la institución cultural, lo que constituiría un delito de apropiación indebida, como si se estima la hipótesis de que esas entregas encubrían el pago de comisiones de la constructora Ferrovial, lo que, en opinión del magistrado, supondría un delito de tráfico de influencias.

Esos presuntos pagos de Ferrovial suponían el 4% del importe de la adjudicación de obras como la Ciutat de la Justícia y la línea 9 del metro de Barcelona. El 2,5% iba supuestamente a las arcas del partido nacionalista y el resto, se lo embolsaban Millet y Montull por hacer de intermediarios. La constructora habría camuflado las entregas a Convergència como "donaciones" a la institución cultural.

LOS EXTESOREROS

Más de la mitad del dinero ilícito se entregó a través de los extesoreros Carles Torrent (ya fallecido) y Daniel Osácar, que se enfrenta a una petición de siete años y medio de cárcel y el pago de una multa de 20 millones de euros por un delito de tráfico de influencias y otro de blanqueo de capitales. Las otras vías de entrada del dinero fueron las facturas falsas de cuatro empresas al Palau de la Música por trabajos ficticios (1,2 millones) y los supuestos convenios de colaboración con la fundación Trias Fargas (630.000 euros), rebautizada como CatDem.

El próximo mes de julio se cumplirán ya seis años del estallido del 'caso Palau', con la irrupción de los Mossos d'Esquadra en la sede la institución cultural.