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El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira se opone a que el juez otorgue la libertad condicional a Iosu Urribetxeberria Bolinaga, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara, por entender que el terrorista no se encuentra en una fase terminal y que aún no se ha completado el diagnóstico del cáncer que padece ni de las metástasis que sufre. Además, el fiscal subraya que este interno no se ha desvinculado de ETA ni ha pedido perdón por sus crímenes.
En un informe de ocho folios, el ministerio público sostiene que Uribetxeberria "no se encuentra en el último periodo de su vida", ya que "no ha sido sometido a tratamiento de radioterapia o quimioterapia". Por ello, afirma que este tipo de tratamiento puede mejorar su calidad de vida y aumentar "su pronóstico de supervivencia" que, a día de hoy, se fija en 11 meses de vida.
Por ello, la fiscalía sostiene que Uribetxeberria debe permanecer en la prisión de Zaballa (Álava) hasta que se conozca la evolución de su enfermedad y se diagnostique el origen del tumor "y el número de metástasis cerebrales y el tratamiento del nódulo pulmonar y de las metástasis cerebrales" permanezca en prisión, aunque podrá quedar en libertad si su"internamiento en el centro penitenciario representa un peligro patente para su vida".
Asimismo, la Fiscalía subraya que el tercer grado concedido por el Gobierno a este terrorista permite "la aplicación de remedios terapéuticos" al etarra. La fiscalía no explica en su informe por qué no recurre contra la concesión de esta medida, como le permite la ley. Aunque precisa que la Administración no ha tenido en cuenta que Urritxeberria no ha realizado "una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas" como exige la ley.
El juez de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, tendrá que tomar un decisión. Hasta ahora ha dejado en libertad a los presos que tenían una esperanza de vida mayor que la de Uribetxeberria. Es la primera vez que un informe de los médicos que atienden a un preso es revisado por el forense de la Audiencia Nacional, que también aseguró queel etarra podía ser tratado en la cárcel, y por tanto la primera vez que existe una discrepancia médica sobre la salud de un preso. Tampoco es habitual que la fiscalía se oponga a este tipo de excarcelaciones.