El fiscal general busca el máximo apoyo para su querella contra Mas

MARGARITA BATALLAS / J. G. ALBALAT

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El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, intentará hoy recabar el máximo de apoyos en la junta de fiscales para presentar la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, como mínimo por un delito de desobediencia, aunque estudiará tres más. La reunión de la cúpula del ministerio público se celebra después de la negativa de los fiscales del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a presentar la querella que les ordenó el fiscal general al considerar que la celebración del 9-N no fue constitutiva de delito.

Fuentes fiscales han explicado que el fiscal general quiere presentar la querella para que prevalezca el Estado de derecho y en Catalunya se asuma que se puede aplicar «con normalidad» el Código Penal y que no gane la sensación de «impunidad» si no se cumple la ley.

Estas fuentes esperan que los 25 miembros de la junta de fiscales de sala apoyen esta tesis y den su respaldo a Torres- Dulce para presentar la querella. En el debate también se examinará la comisión de las figuras delictivas de prevaricación, usurpación de funciones públicas y obstrucción a la justicia y malversación de caudales públicos. Estos delitos aparecen en la orden remitida por la fiscalía general a la del TSJC y que fue rechazada por los fiscales de Catalunya en la junta extraordinaria que finalizó el pasado lunes.

Aunque no se presentase la querella, ya hay una causa abierta por el 9-N. El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, revela en un escrito enviado ayer a Madrid que ha abierto diligencias para investigar la posible malversación de caudales. Se trataría de determinar si se ha pagado con dinero público a las personas que intervinieron en el proceso participativo.

SEDE EN MADRID

 Los fiscales de sala, que mayoritariamente viven en Madrid por ser la sede de las fiscalías que dirigen, recibieron ayer una copia de los escritos que se han cruzado la fiscalía general y la del TSJC. En ellos, los fiscales catalanes niegan la comisión de un delito de desobediencia porque el Constitucional no requirió a Mas la suspensión de la consulta sino que se limitó a comunicarle una providencia en la que asumía la petición del Gobierno que le reclamó la paralización del 9-N.

En este dictamen catalán también se cuestiona la actuación de la Generalitat, a la que se acusa de haber recurrido a «argucias legales» y actuar «con absoluta falta de lealtad al acuerdo constitucional».

La convocatoria de la cúpula de la fiscalía fue solicitada por Romero de Tejada después de que este rechazara ser un «mero correo» para presentar en Barcelona una querella que se redactó en Madrid y tras el compromiso de Torres-Dulce de relevarle de esta responsabilidad. Otras fuentes han informado que la fiscalía general estaba convencida de que sus subordinados en Catalunya iban a presentar la querella, pero todo cambió el pasado jueves por unas supuestas presiones del Govern.

La situación creada por esta crisis ya tiene daños colaterales. Los 200 fiscales de la Audiencia de Barcelona están a la espera de la decisión de hoy, ya que la posición de sus colegas en el TSJC «ha roto la unidad de actuación» y ha provocado «una grave fractura» en relación a las denuncias presentadas el 9-N por particulares y partidos políticos.

La previsión es que Torres-Dulce logre hoy un apoyo mayoritario de la junta de fiscales a la querella, aunque no sea para los cuatro delitos. En la sesión intervendrán los 25 fiscales jefe, pero no habrá votación. El fiscal del Estado tras oír a sus colegas, si su posición no es rechazada, ordenará presentar la demanda que se redactará en Madrid para evitar más dilaciones.

Fuentes fiscales descartaron que Torres-Dulce tenga intención de renunciar a su cargo por esta crisis, salvo que sea desautorizado por su generalato. Dichas fuentes confían en que se recupere la confianza entre las dos fiscalías y en la general se supere «la decepción» por la actuación de sus subordinados en el TSJC.