El fiscal del 'caso Palau' y del 9-N se traslada a Bruselas

Emilio Sánchez Ulled

Emilio Sánchez Ulled / periodico

J. G. ALBALAT / BARCELONA

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Emilio Sánchez Ulled, fiscal de casos como el del expolio del Palau de la Música o el de la consulta del 9-N que acabó con la inhabilitación de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, ha obtenido una plaza en Bruselas y se trasladará en breve, dejando su puesto actual.

Según ha publicado este jueves el BOE, Sánchez Ulled ha sido designado consejero de justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, una plaza que él mismo solicitó el pasado mes de enero.

Debería de incorporarse a su nueva plaza en tres días, pero dada la inminencia del cierre del juicio del 'caso Palau', prevista para finales de junio, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha solicitado aplazar su traslado hasta ese momento.

Fuentes de su entorno han explicado que el nuevo destino es temporal y que su intención es regresar a España para seguir ejerciendo como fiscal.

No es la primera vez que Sánchez Ulled ocupa un puesto en en extranjero. Estuvo dos años en Varsovia, donde trabajó en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

EN LA FISCALÍA DESDE 1974

Sánchez Ulled nació hace 51 años en Lleida, ciudad en la que estudió Derecho. Ingresó en la fiscalía en 1994. Pasó por Badalona, Manresa, Cornellà, Sabadell y Mataró. En 1977 ingresó en la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Barcelona, y en 1999, el entonces fiscal jefe José María Mena le comenzó a encargar investigaciones sobre corrupción.

En el 2005 fue nombrado fiscal delegado de Anticorrupción en Barcelona. Ha llevado casos de relevancia mediática, como la corrupción en la inspección de Hacienda que llevó a prisión al expresidente del Barça, Josep Lluis Núñez, pero en especial este año ha sido noticia por los dos juicios en los que ha participado: el 9-N, que concluyó con la condena de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau; y el del expolio del Palau de la Música, en el que, además de para los exdirectivos de la institución, pide la condena del extesorero de CDC y el decomiso de 6,6 millones de euros al partido, que considera que se financió ilegalmente.

El lunes, Emilio Sánchez Ulled pronunciará su informe final del caso, por ahora, el último como fiscal anticorrupción.