El Periódico

LA JUDICIALIZACIÓN DEL 'PROCÉS'

El fiscal del Supremo pide 9 años de inhabilitación para Homs

Considera que cometió los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia

El portavoz del PDECat en el Congreso compara al Estado con el franquismo

La Fiscalía del Tribunal Supremo pide 9 años de inhabilitación especial  para Homs.

EFE / EUROPA PRESS VÍDEO

La Fiscalía del Tribunal Supremo pide 9 años de inhabilitación especial  para Homs.

ÁNGELES VÁZQUEZ / FIDEL MASREAL / MADRID / BARCELONA

Miércoles, 11 de enero del 2017 - 13:05 CET

La Fiscalía del Tribunal Supremo solicita nueve años de inhabilitación especial para ejercer cargo público para el portavoz en el Congreso de PDECat, Francesc Homs, por prevaricación administrativa y desobediencia grave por su participación en la consulta del 9-N de 2014. Como alternativa pide siete años y medio de inhabilitación por la prevaricación y multa de cinco meses con cuota diaria de 200 euros (30.000 euros) e inhabilitación por un año y un mes más por la desobediencia.

Nada más conocer la petición fiscal, el diputado escribió en Twitter que España está "en un callejón sin salida y cada día con menos cultura democrática", con la etiqueta #hotornariafer ("lo volvería a hacer"). Por la tarde, en una encendida comparecencia, dijo sentir “asco” del sistema político español que persigue el 9-N y ensalza al exministro Fernández Díaz, y comparó al Estado con el franquismo, diciendo, entre otras lindezas, que “esto también pasaba" con "Franco". "También era la ley y el imperio de la ley leída arbitrariamente. Y era igual lo que dijera el encausado”, aseveró.

Aunque ha reconocido las acusaciones de la Fiscalía, en concreto la relativa a que “continuaron los trabajos iniciados con la conveniente discreción”. “Efectivamente lo hice, di esas órdenes y tomé esas decisiones; hice todo lo que estuvo a mi alcance para que se pudiera votar”, se jactó. En un tono desafiante aseguró que si es inhabilitado seguirá ejerciendo la política, aunque admitió que no podrá entrar al Congreso. La intervención de Homs se convirtió en un rosario de ataques al Gobierno, al que llamó “cobarde” por “no tener narices” de declarar en el juicio del 9-N y le acusó de manipular a los tribunales y de usar “el palo y la zanahoria” tratando de “burros” a los catalanes.

En su escrito el ministerio público pide al Supremo que abra juicio oral contra él porque "no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones que se desarrollaban para la celebración de la consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular". E "impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria, puso los servicios jurídicos a disposición del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) para ejercer acciones legales ante una eventual suspensión adoptada por empresas privadas, y, en definitiva, potenció tras haber conocido la providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el desarrollo del denominado proceso participativo”, afirma el fiscal. El escrito añade que el Departamento de Governació i Relacions Institucionals presupuestó para el CTTI 1,2 millones de euros, aunque la factura expedida más tarde fue de 698.685 euros, pero no le imputa malversación.

CORREO ELECTRÓNICO

El fiscal sostiene que Homs "era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional”. En este sentido, el escrito recuerda que el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, envío el 4 de noviembre un correo electrónico al presidente de la Generalitat, entonces Artur Mas, en el que le informaba de la suspensión.

Y los servicios jurídicos recurrieron en súplica la providencia, lo que, según el fiscal, demuestra que "no había margen de duda en cuanto al contenido de la suspensión pues alcanzaba a toda actuación política, estuviera o no formalizada jurídicamente, que contribuyera a impulsar la convocatoria" del día 9.

Pese a ello, Homs y los aforados ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mas, "amparado simplemente en su voluntad", y las 'exconselleres' Irene Rigau y Joana Ortega, "impulsaron la continuación de todas las actuaciones de preparación que ya estaban en marcha”. A diferencia de lo ocurrido en septiembre, continuaron los trabajos "con la conveniente discreción para tratar de generar la apariencia de que se paralizaban".

La Fiscalía solicita que en el juicio declaren un total de 16 testigos, entre los que figuran el secretario general del Departamento de Presidència de la Generalitat, el director del Institut d'Estadística de Catalunya, y responsables de las empresas contratadas por la Generalitat para la consulta.