La fiscalía responde a la jueza Alaya que envíe al Supremo la causa de los aforados

La Fiscalía Anticorrupción ha respondido a la petición de aclaración de la jueza que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía e indica que debe remitir la parte referida a los altos cargos públicos señalados en la causa al Tribunal Supremo, por tratarse de aforados. No obstante, en su escrito el ministerio público reitera que la macrocausa debería ser dividida en piezas separadas para agilizarla, de manera que "mediante la utilización racional y eficiente de los recursos humanos y materiales de la Administración de Justicia" se pueda "concluir en un plazo razonable la instrucción y enjuiciamiento de la presente causa".

Fuentes judiciales insisten en que la jueza Mercedes Alaya tiene ya preparado el escrito, de unos 300 folios, con la exposición razonada de los motivos por los que debe inhibirse de la causa, ya que, como ella misma indicó la pasada semana a Anticorrupción, se han dado por concluidas las diligencias referidas a los altos cargos aforados. Esta parte de la causa hace referencia al denominado "procedimiento específico", es decir, la implantación en la administración autonómica de un procedimiento inadecuado --las transferencias de financiación--para pagar ayudas directas a empresas en crisis o prejubilaciones con total arbitrariedad y sin ningún tipo de fiscalización.

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Un sistema que no solo provocó importantes desviaciones presupuestarias, sino que dio pie a numerosas irregularidades como la inclusión de intrusos en los ERE o el pago de ayudas a empresas sin actividad y relacionadas con el entorno socialista. Todo ello con la connivencia de altos cargos públicos, como el exdirector general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, según la tesis de la magistrada.

Causa ingobernable

Así, en el escrito presentado este lunes ante el juzgado de instrucción 6, Anticorrupción repite que las dimensiones de la macrocausa la hacen ingobernable, por lo que insiste de nuevo en su petición de que se segregue en multitud de piezas separadas, una por cada ayuda concedida o expediente de regulación de empleo tramitado. Una petición a la que se opone no solo la jueza, al entender que la causa es indivisible porque los "actores" se repiten en muchos de esos expedientes, sino también las defensas de los inculpados por el caso que se podría producir con sentencias contradictorias en más de 200 procedimientos judiciales.

En este marco, Anticorrupción entiende que una vez despiezada la causa, habría que remitir la referida a la parte política, el "procedimiento específico", al Supremo. Es esta pieza en la que están señalados precisamente los dos expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, este por su responsabilidad como consejero de Economía y Hacienda entre el 2004 y el 2009, y otros cinco exconsejeros del Ejecutivo andaluz. Unas implicaciones que despertaron dudas en la jueza, dado que algunos son diputados autonómicos, mientras que otros tienen escaño en el Congreso o el Senado, por lo que las competencias se repartían entre el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.