La Fiscalía Superior de Catalunya ha abierto diligencias informativas y ha trasladado al fiscal jefe de Barcelona la denuncia interpuesta por un afiliado a Solidaritat Catalana per la Independència (SI) que fue multado con 3.001 euros por exhibir una bufanda independentista en la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao, el pasado mes de junio en el estadio Vicente Calderón de Madrid. Según figura en la denuncia presentada por el militante Sergi Massó, la policía le sancionó por llevar puesta una bufanda en el cuello con la leyenda en euskera y en catalán Units per la llibertat. Euskal Herria i Països Catalans y el símbolo aberzale del lauburu.

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Información publicada en la página 15 de la sección de Política de la edición impresa del día 09 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Según informó el partido en un comunicado, la denuncia fue interpuesta contra el agente que multó a Massó y contra la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por los presuntos delitos de vulneración de derechos fundamentales, falsedad en documento público, prevaricación administrativa de los funcionarios públicos y encubrimiento de un delito contra el patrimonio.

El secretario general de Solidaritat, Uriel Bertran, se mostró ayer satisfecho con la decisión de la fiscalía y deploró la sanción económica porque, «aparte de ser ilegal, es una muestra del españolismo más rancio del PP». A juicio de Bertran, la denuncia contra Cifuentes está justificada por «utilizar su cargo público para perseguir a los catalanes». «Entendemos que es un claro caso de xenofobia anticatalana», sentenció.

PRESUNTA INFRACCIÓN LEGAL / Tras abrir diligencias informativas la fiscalía, ahora será el fiscal jefe de Barcelona quien estudie el caso. Massó fue multado con 3.001 euros por haber infringido, presuntamente, la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Los servicios jurídicos de Solidaritat recurrieron la sanción y presentaron una denuncia contra el instructor que la firmó.

Además del castigo económico, a Massó le prohibieron el acceso a recintos deportivos por un periodo de seis meses. Bertran criticó el uso «fraudulento» de la legislación por parte del Estado y animó a «llegar hasta el final para evitar que se repitan casos similares en el futuro».