¿Qué oenegé o empresa no firmaría por saber cuál va a ser su retribución anual? Las fuerzas políticas, en virtud de una claúsula de revisión vinculada al Índice de Precios de Consumo (IPC) e introducida en la ley de financiación de partidos en el año 2007, sabían cada año qué ingresos percibirían de los Presupuestos Generales del Estado. Pero esta certeza tiene visos de tener los días contados. El PP, durante la aprobación ayer de la reforma de la ley en el pleno del Congreso, se negó a ofrecer al resto de grupos «más de lo que se garantiza a la sociedad». «La política y los partidos deben ser los primeros en compartir los costes de la crisis y los primeros en dar ejemplo [...] y esa cláusula de revisión no la tienen los propios españoles para asegurar los ingresos cada año», aseguró el diputado popular José Antonio Bermúdez de Castro.

Hemiciclo casi vacío 8Álvaro Anchuelo, durante su intervención de ayer en el Congreso de los Diputados. JOSÉ LUIS ROCA

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Información publicada en la página 23 de la sección de Política de la edición impresa del día 29 de junio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Sin embargo, para la oposición, cambiar el modelo actual, más allá de que acaba con la seguridad de saber anualmente cuánto dinero público va entrar en la caja, supone que el Gobierno de turno tenga la posibilidad de ahogar a sus oponentes cortando de raíz los ingresos que reciben. «La financiación de partidos es una de las reglas del juego de la democracia que ahora quedará en manos de un solo jugador», lamentó el socialista José Ignacio Sánchez Amor. En la mima línea, Jordi Jané, de CiU, señaló que «la ley en su conjunto es un avance sustancial, pero aquí (en referencia a la cláusula) no hemos acertado».

Limite a la condonación

Efectivamente, más allá de este escollo que la oposición intentará limar en el Senado, los grupos se felicitaron por alumbrar una norma que refuerza el control sobre las finanzas de los partidos y sus fundaciones, en la línea de lo que exigen movimientos ciudadanos como el 11-M. El propósito del Gobierno de Mariano Rajoy al diseñar el proyecto de ley, cuando al acceder al poder se encontró con un déficit mayor del esperado, era recortar un 20% las subvenciones a las fuerzas políticas, pero en la tramitación parlamentaria ha accedido a introducir cambios que dificulten nuevos escándalos de financiación irregular. «Una medida para hacer caja se ha transformado en una medida de transparencia», aplaudió la líder de UPD, Rosa Díez.

Con la nueva norma, los partidos deberán publicar anualmente sus cuentas. Además se limita a 100.000 euros las condonaciones de deuda por parte de los bancos y se amplía el catálogo de empresas que tienen prohibido realizar donaciones.