Felipe recuerda que la democracia se basa en el "respeto a las reglas del juego"

El acto de inauguración del Primer Congreso de Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica que se celebra en Girona y que ha sido presidido por el príncipe Felipe (que ha recibido sonoros aplausos al inicio y al final del acto) ha sido el escenario de un pulso dialéctico entre el alcalde de la ciudad, Carles Puigdemont (CiU), el heredero de la Corona y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre el derecho a decidir de Catalunya.

El Príncipe recalcado en su discurso que la democracia y la seguridad jurídica nacen "de una voluntad de estabilidad y de respeto a las reglas del juego", en una clara respuesta a la reivindicación del derecho a decidir expresada instantes antes por Puigdemont. Asimismo, Felipe ha destacado que la seguridad jurídica es "un componente clave para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico" que están experimentando gran parte de los países iberoamericanos. Felipe ha recordado que estas garantías tienen como destinatario a los ciudadanos, así como a los inversores, las empresas multinacionales, los organismos multilaterales y la comunidad internacional.

Puigdemont ha iniciado su breve parlamento, íntegramente en catalán, con los obligados agradecimientos a los 300 juristas iberoamericanos que participan en el congreso, a los que ha invitado a descubrir los encantos y singularidades de la ciudad. Acto seguido se ha referido al tema central del congreso, ha hecho referencia a la importancia que tiene la seguridad jurídica para todos los pueblos, incluido el catalán, y ha añadido; "Por nuestra aspiración de futuro, sentimos la necesidad de una cierta radicalidad democrática, que es aquella que asegura jurídicamente a los pueblos que aspiramos al derecho a poder decidir libremente nuestro futuro".

El titular de Justicia ha recogido el guante y ha afirmado que el ordenamiento jurídico ha de gozar de legitimidad "en su origen y en su ejercicio". Gallardón ha recordado que la Constitución garantiza el Estado de derecho que asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. "Ese ordenamiento jurídico -ha añadido el ministro-, cuyo contenido fortalece los principios que rigen un modelo de convivencia construido desde el consenso, es una conquista que para ser irreversible requiere un escrupuloso respeto a las reglas del juego, que nadie discute que pueden ser debatidas, pero no violentadas o modificadas unilateralmente".