La pasada legislatura, PP y PSOE aparcaron sus diferencias para restringir la ley electoral con el objetivo, entre otros, de limitar los excesos de gobernantes de uno y otro color que en campaña convierten cualquier acto institucional en una proclama partidista. Sin embargo, el presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, «va por libre y ha decidido convertir la ley en papel mojado al vulnerarla sistemáticamente», según denuncia la oposición. El dirigente popular y su equipo acumulan ocho apercibimientos por parte de la Junta Electoral, una situación inédita en España, pero nada parece indicar que pretendan apartar de su agenda las inauguraciones, firmas de convenios y visitas a colegios y hospitales.

Alberto Núñez Feijóo (centro) posa antes de un desayuno con empresarios en Santiago de Compostela. EFE / LAVANDEIRA JR

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Información publicada en la página 17 de la sección de Política de la edición impresa del día 10 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

«ACTOS PROHIBIDOS» / La última advertencia se produjo el lunes. La Junta Electoral reclamó a los integrantes del Gobierno gallego «que se abstengan de la realización de actos prohibidos», después de que el PSOE denunciase la visita de una consejera a las obras de un hospital en Vigo.

El incumplimiento más sonoro tuvo lugar cuando el propio Feijóo participó en la firma de dos contratos para la construcción de sendos buques en los astilleros gallegos. La Junta Electoral Central censuró tanto la presencia del presidente como su discurso y el Gobierno gallego tuvo que retirar de su web toda referencia al acto.

El problema, según el secretario de organización del PSOE gallego, Pablo García, es que Feijóo incumple «cada día» la norma y ha sido sancionado «solo ocho veces porque la Junta actúa únicamente a instancia de los partidos». Por eso los socialistas estudian cómo darle legalmente la vuelta a la tortilla de forma que impedir la celebración «actos propagandísticos que la televisión gallega retransmite luego con todo lujo de detalles». El BNG reclama a la Junta que, aparte de apercibir, abra un expediente sancionador contra el Ejecutivo de Feijóo. Además, la campaña del PP se vio empañada ayer con la publicación, por parte de El País, de una auditoría del Tribunal de Cuentas gallego que acusa a Feijóo de camuflar el déficit.

El candidato popular replicó que es «imposible» trasladar 400 millones de euros de facturas del 2010 al 2011, como le acusa el informe. «Sería un gran milagro», ironizó.