EL PULSO SOBERANISTA

Un exvicepresidente del TC compara las plebiscitarias con un golpe de estado

Rodríguez Arribas señala que el fraude de ley no lo determina solamente el decreto de convocatoria de unas elecciones

El exvicepresidente del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas, en una imagen de archivo.

El exvicepresidente del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas, en una imagen de archivo. / vmo

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El exvicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) Ramón Rodríguez Arribas ha afirmado que los plebiscitos son "instrumentos políticos" propios de "los que han dado un golpe de Estado". Plebiscito y elecciones, ha dicho, "son términos completamente antagónicos" y convertir una cosa en la otra sería un "fraude de ley" y un "disparate político y jurídico" que, si se consuma, "podría llegar a la nulidad absoluta".

Arribas ha señalado que el fraude de ley "sí se puede detectar aunque no se diga expresamente" en el decreto de convocatoria de las elecciones, que firmará este lunes el presidente de la Generalitat, Artur MasArtur Mas. "Cuando se quiere descubrir un fraude de ley lo que se hace es recurrir a los actos y a las declaraciones de los que las realizan, las coetáneas anteriores y posteriores al acto, y por otra parte a la prueba de presunciones que, una vez determinado un hecho cierto perfectamente determinado, de él se deduce con claridad meridiana y con carácter racional una consecuencia", ha dicho. No obstante, ha dicho, en estos casos "lo normal es que se oculte celosamente la finalidad y la forma". 

"Cualquier fraude de ley se determina no por las palabras que el propio defraudador realiza para establecer la forma en la que lo va a perpetrar, sino por las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores al acto defraudatorio", ha explicado.

Preguntado sobre el procedimiento de impugnación de un decreto de convocatoria de elecciones, en el caso de que sea detectado un fraude de ley, Arribas ha respondido que la competencia la tiene "exclusivamente" el presidente del Gobierno y que se trata de una decisión de carácter "jurídico y político de decisión gubernativa". "No seré yo quién le diga al presidente el Gobierno [Mariano Rajoy] lo que tiene que hacer porque él seguro que lo sabe de sobra", ha añadido.