INVESTIGACIÓN JUDICIAL
El exconsejero andaluz Ángel Ojeda, imputado por el fraude de las ayudas a la formación
La jueza Alaya le acusa de dos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación
La jueza Mercedes Alaya ha avanzado en la causa sobre el fraude de las ayudas públicas a la formación con la imputación del exconsejero andaluz reciclado en empresario Ángel Ojeda, al que acusa de dos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación.
Alaya, que también lleva la macrocausa de los ERE fraudulentos pagados por el Gobierno de Andalucía, asumirá así el grueso de las investigaciones sobre los cursos de formación, que hasta ahora estaban repartidos entre varias provincias andaluzas y que en Cádiz se saldaron con la detención del propio Ojeda el pasado mes de agosto.
La imputación en este caso se basa en la concesión a entidades vinculadas a Ojeda de hasta 33 millones de euros en apenas un año y medio, unas ayudas en la que pesaron "la influencia" y los contactos del empresario derivados de su cargo como consejero de Hacienda a comienzos de los años 90.
Los informes policiales que sustentan la imputación señalan las irregularidades en estas "subvenciones excepcionales a la formación y la contratación", en su mayoría relacionadas con el plan de formación de los extrabajadores de Delphi, la multinacional de automoción que en el 2007 despidió a un millar de empleados en Cádiz para deslocalizar su actividad a Marruecos. La Junta de Andalucía asumió entonces un compromiso de recolocación y formación con estos trabajadores debido a la dificultad de reinserción laboral en la comarca con la tasa más elevada de paro, aunque los trabajadores denunciaron en numerosas ocasiones la inutilidad de esas acciones formativas.
SUBVENCIONES IRREGULARES
Desde hace un año, Alaya mantiene abierta una nueva macroinvestigación sobre las ayudas a la formación a raíz de las irregularidades detectadas en cursos de formación de UGT impartidos por empresas de Juan Lanzas, unas pesquisas que se solaparon con las abiertas en varios juzgados andaluces a petición de la Fiscalía Superior del TSJA por un informe policial que detallaba un fraude millonario en las ayudas a la formación.
A finales de julio, la jueza imputó en esta nueva causa al exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, ya implicado en el 'caso de los ERE', por conceder hasta 52 millones de euros en ayudas a un plan de formación para los extrabajadores de Delphi sin convocatoria ni base reguladora, permitiendo además la "subcontratación de actividades formativas" pese a que ese tipo de ayudas no permitían lo permitían.
"RELACIÓN LABORAL SIMULADA"
En su auto, la jueza subrayaba que muchas de las actividades formativas para trabajadores de Delphi fueron realizadas por empresas de Ojeda. Ahora, abunda en esta tesis y señala que aunque las ayudas se dieron con el objetivo de contratar a los extrabajadores se detecta una "relación laboral simulada", propiciando a su vez un perjuicio a la Seguridad Social constatado en un informe de la Inspección de Trabajo.
Así, las empresas de Ángel Ojeda gastaron hasta 17,9 millones de euros en pago de salarios y seguros sociales, mientras que el resto se dedicó a la subcontratación de actividades formativas con otras empresas del mismo entramado societario del exconsejero jerezano, una fórmula de distribuir el dinero obtenido "ilegalmente" destinada a ocultar "el verdadero destinatario de los fondos".
El juzgado que en agosto ordenó la detención de Ojeda, su hijo y otras siete personas vinculadas a su entramado societario eleva a 50 millones la cuantía del fraude de las ayudas percibidas por el exalto cargo. Tras su detención, la Fiscalía de Cádiz pidió remitir estas diligencias a Alaya, que está a la espera de recibir la documentación, según avanza este sábado el 'Diario de Sevilla'.
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