Un exconcejal del PP y dos excargos de CCOO y UGT, entre los 15 nuevos imputados por los ERE

La jueza que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía ha retomado con brío la investigación y ha imputado a otras 15 personas en la causa, que suma ya 159 implicados y siete altos cargos 'preimputados'. La investigación se centra ahora en las empresas de una comarca sevillana que recibieron el grueso de las ayudas directas de la Consejería de Empleo sin controles ni publicidad, como se desprende del último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO).

Así, la jueza Mercedes Alaya ha elaborado un nuevo calendario de declaraciones en el que cita ya para el 29 de abril a los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, ambos exconcejales del PSOE en El Pedroso (Sevilla), el municipio donde el exdirector general de Empleo de la Junta y principal implicado en el caso Javier Guerrero fue alcalde. Según la UCO, el "entramado societario" de estos empresarios recibió de la Junta 34.264.273,70 euros en subvenciones excepcionales, en algunos casos a través de sociedades creadas ad hoc para recibir los fondos, sin contenido, actividad comercial o trabajadores.

Entre los nuevos imputados también se encuentran el exconcejal del PP en La Carolina (Jaén) Ramón Polo y varios exsindicalistas, como el que fuera secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO José Luis Montesinos, o el exsecretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT, Manuel Morales Larrubia. La jueza les señala en un nuevo auto trasmitido este lunes a las partes como responsables de haber incluido a 'intrusos' en varios expedientes de prejubilación, y cita también a declarar a estas personas ajenas a las empresas que acabaron incluidas en las regulaciones de plantilla.

El abogado de Ruiz-Mateos

De forma paralela, la jueza Alaya ha tomado declaración este lunes al exabogado de la familia Ruiz-Mateos, Joaquín Yvancos, quien ha vuelto a relatar cómo el exsindicalista y 'conseguidor' Juan Lanzas cobró 600.000 euros por mediar en cada uno de los cinco ERE realizados por las empresas de Nueva Rumasa en Andalucía.

También ha señalado que el cabeza de familia tenía contactos con el entonces consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, porque querían montar algunos negocios en la provincia de Jaén --por la que era diputado el exconsejero--. De hecho, el propio Zarrias ha reconocido que negoció con Nueva Rumasa para que se quedara las instalaciones de una antigua empresa cárnica y montar un nuevo negocio que asumiera a los trabajadores afectados por el cierre de la fábrica.