ETA se llevó las armas en una caja tras mostrarlas a los verificadores

Iñigo Urkullu y el responsable de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández (izquierda), con los verificadores Ram Manikkalingham, Ronnie Kasrils y Chris Maccabe, ayer.

Iñigo Urkullu y el responsable de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández (izquierda), con los verificadores Ram Manikkalingham, Ronnie Kasrils y Chris Maccabe, ayer.

MAYKA NAVARRO / Madrid

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Las declaraciones en calidad de testigos de tres verificadores ayer en la Audiencia Nacional sirvieron para que trascendieran los detalles de cómo fue la ceremonia en la que ETA escenificó su voluntad de iniciar un proceso unilateral e irreversible de desarme. Según detalló el presidente del grupo de verificación, Ram Manikkalingham  al juez Ismael Moreno, tras grabar unas imágenes de la cita, los terroristas guardaron las armas y los explosivos en una caja de cartón sellada con un adhesivo y se la llevaron. Los mediadores no llegaron a tocar las armas y solo recibieron el «compromiso verbal» de los terroristas de que esa parte del arsenal quedaba «inutilizado para su uso».

Este fue la parte más significativa de la declaración de Manikkalingham, que reconoció no ser un especialista en procesos de desarme, aunque sí un «profesional de prestigio» en la mediación en conflictos internacionales. En cualquier caso, ese material que ETA mostró el viernes en un vídeo emitido por la cadena británica BBC no es ni un 1% del arsenal que los terroristas guardan en los zulos. Por eso, fuentes del Gobierno vasco insistieron en que lo importante de ese anuncio del viernes fue «la voluntad mostrada por ETA de desarmarse, no el material que apareció en el vídeo».

LABOR DESINTERESADA / La citación de los tres verificadores en la Audiencia Nacional, respaldada por el fiscal jefe de la sede judicial, Javier Zaragoza, ha producido un profundo malestar en el Gobierno vasco. El sábado por la noche, el lendakari Iñigo Urkullu viajó en coche hasta Madrid y se quiso fotografiar con los verificadores antes y después de sus declaraciones. «Se trata de mostrarles todo nuestro apoyo a su labor desinteresada en favor del proceso de paz», explicaron fuentes de su gabinete. Esos mismos interlocutores evitaron comentar cómo pensaba trasladar el lendakari su malestar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ambos se vieron por última vez el pasado 4 de febrero y Urkullu salió «satisfecho». Algo ha debido pasar desde entonces, aunque desde el Partido Popular recordaban ayer que la citación a los verificadores fue judicial y a instancias de una petición del colectivo de víctimas del País Vasco.

El relato que Manikkalingham realizó ante el juez no tardó en conocerse. El hombre detalló cómo a principios de enero recibió un anónimo citándole la última semana del mes en Toulouse, adonde llegó en tren acompañado de otro verificador de su equipo, el sudafricano Ronnie Kasrils.

En la estación les recogió un hombre «con gorro y gafas de sol» que les hizo subir a un coche y les trasladó hasta el interior de un garaje. Una vez allí, accedieron hasta un piso en el que se encontraron con dos encapuchados, mientras un tercero se encargaba de manejar la cámara con la que grabaron el vídeo que el pasado viernes emitió la BBC. Cuando entraron en la habitación ya estaba dispuesta la mesa con el arsenal. Los terroristas les entregaron un documento con la relación de material y les aseguraron que todo estaba «inutilizado». Con ese compromiso, los verificadores firmaron el documento mientras los terroristas guardaban las armas y los explosivos en una caja de cartón, que cerraron con «una pegatina», y se la quedaron.

En las puertas de la Audiencia Nacional y tras declarar ante Moreno, los verificadores leyeron una nota en la que reiteraron su compromiso con el proceso de pacificación del País Vasco. Sus colaboradores expresaron el «malestar» de los expertos, que entendieron la citación judicial como una maniobra para amedrentarlos. «Es inaudito y no tiene precedentes en ningún otro proceso de paz», añadieron las mismas fuentes. Sin embargo, Manikkalingham trasladó al lendakari su voluntad firme y la de todo su equipo de «seguir adelante con el trabajo» porque se sienten más reforzados y necesarios.

CITAS CLANDESTINAS / Ante las críticas que surgieron cuando se conoció el mínimo arsenal que ETA había «inutilizado», los verificadores recordaron, en conversaciones informales con periodistas, las dificultades que tuvieron los terroristas para citarse con ellos. «El encuentro no estaba avalado ni por el Gobierno español ni por el francés. Era absolutamente clandestino. Ni podíamos ir nosotros a un zulo, ni ellos se podían pasear por Francia cargados de armas», insistieron. Y aseguraron una vez más que el compromiso de ETA con el proceso de paz es «irreversible» y «sincero».

El vicesecretario de estudios y programas del Partido Popular, Esteban González Pons, aseguró tras la declaración judicial que los verificadores «trabajan para ETA y no para España». Añadió que los expertos «solo vienen a mentir» y les invitó a que contaran quién les paga y les ha hecho el encargo.

Se lo contaron al juez. Reciben dinero del Dialogue Advisory Group (DAG), un grupo creado en Amsterdam, así como de gobiernos escandinavos. Cobran 750 euros por cada día de trabajo.