Los miembros de la Mesa del Parlament de C's y el PSC sostienen que Forcadell desoyó al TC

Los dos miembros de Mesa del Parlament que se opusieron a la admisión a trámite de las resoluciones proreferéndum, José María Espejo-Saavedra y David Pérez, de Ciudadanos y del PSC respectivamente, han declarado este viernes ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) como testigos en la causa que se sigue contra cinco miembros de la Mesa, entre ellos su presidenta, Carme Forcadell, acusados de presunta desobediencia y prevaricación.

Espejo-Saavedra, vicepresidente segundo de la Mesa,  ha defendido al salir del tribunal que el reglamento del Parlament "no es una isla jurídica" y que está sometido al ordenamiento jurídico, por lo que ha considerado que aquella resolución trataba un tema que estaba prohibido por el Tribunal Constitucional (TC) y por lo tanto no se tendría que haber admitido a trámite puesto que estas resoluciones están por encima de cualquier ley. "La fiscalía ha hecho preguntas en relación a las reuniones de Mesa y si se puso de manifiesto que había resoluciones del TC que podían impedir la admisión a trámite de las resoluciones. Yo he dicho que evidentemente había interlocutorias que a mi parecer impedían dar trámite a las resoluciones del debate que hablaban de proceso constituyente y referéndum unilateral de independencia", ha expuesto.

Más allá de estas valoraciones, el diputado naranja no ha querido concretar otros detalles de su declaración ante la magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret, ni explicar qué preguntas le han hecho las partes. "Vengo como testigo en un procedimiento y no creo que tenga que valorar el contenido del acto procesal, vengo a cumplir mi obligación", ha justificado.

RESOLUCIÓN "CLARÍSIMA"

Por su parte, el socialista David Pérez, secretario segundo de la Mesa, ha manifestado ante el tribunal que el dictamen del TC era “clarísimo” y que “había resoluciones que no se podían aprobar de ninguna manera". En este sentido, ha considerado que la libertad de expresión de los diputados sigue "viva", pero ha mantenido que hay "la necesidad obvia de cumplir las leyes y resoluciones, obligación que tienen todos los políticos".

Fuentes de la defensa han confirmado que tanto Pérez cómo Espejo-Saavedra han expuesto que el mandato del TC se tenía que aplicar directamente y de forma "incondicional", sin tener en cuenta el reglamento de la Cámara u otras legislaciones y derechos fundamentales. Las mismas fuentes también han explicado que la fiscalía ha puesto de ejemplo algún precedente donde Mesa ha hecho una valoración política de alguna iniciativa parlamentaria, para demostrar que este órgano sí que puede discriminar qué iniciativas siguen el curso parlamentario.