Espadas en alto

Nadie se atreve a reconocerlo en público, al menos no todavía, pero cada vez son más los políticos que pronostican en privado que no habrá consulta. Lo dicen algunos de los que tienen que diseñarla, los que la rechazan de plano, y los que nadan entre las dos aguas. Los más reacios a asumir que cada día que pasa el referendo es una quimera mayor son los dirigentes de Esquerra, que insisten en que hay que hacerla como sea. «Y si traen a guardias civiles para impedirla quedará claro que el Estado prohíbe a una gran mayoría de ciudadanos expresar su voluntad». Ese, añaden los republicanos, es el mensaje que se enviaría desde España a las autoridades de Bruselas y al resto de estados de la Unión Europea. En cambio, en Convergència no lo tienen tan claro y existen más que dudas sobre la conveniencia de convocar una consulta sin un amparo legal. La hoja de ruta de CDC pasaría entonces por convencer a ERC de que entre en el Govern e intentar llegar juntos hasta el 2016, cuando las estructuras de Estado estarían ya diseñadas y el programa electoral se plantearía en clave secesionista.

De momento, a la espera de que Artur Mas anuncie la pregunta y fecha (previsiblemente lo desvelará a finales de noviembre), la palabra que mejor define la situación actual es bloqueo. Así es como lo describen en el Palau de la Generalitat. El episodio del plantón del president a la número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha abierto los ojos a los que –algunos de ellos presentes en el acto de la patronal Foment del Treball–, albergaban la esperanza de que ambos ejecutivos se sienten a negociar. Y eso que más de uno de esos empresarios ha pasado últimamente por el palacio de la Moncloa y ha salido con más desazón que con la que entró.

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