El escándalo del FLA

El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el dinero que el gobierno español presta a las autonomías, ha sido y seguirá siendo actualidad. Hace unos cuantos días, el ejecutivo de Rajoy fijaba unas nuevas y extremadamente duras condiciones a la Generalitat de Catalunya, y solamente a ella, para continuar accediendo al FLA.

Vale la pena recordar cómo funciona el FLA. La Generalitat, responsable de pagar la sanidad y la enseñanza, entre otras cosas, arrastra, pese a los recortes, una importante deuda que financiar. Prácticamente la única fuente a la que puede acudir es el Estado. Al mismo tiempo, Catalunya –junto con otras autonomías- recibe en total mucho menos recursos de los que sus ciudadanos y empresas abonan en materia de impuestos. Es el famoso déficit fiscal.

Catalunya ha recibido del FLA casi 53.000 millones desde 2012. Pese que a veces está sujeto a intereses y otras no, ese dinero ha costado a los catalanes 1.909 millones. Por su parte, el déficit fiscal con el Estado fue, según el grupo de expertos de la Generalitat, de entre 15.006 y 11.087 millones en 2011 (último ejercicio calculado). El primer saldo responde al método llamado de flujo monetario y el segundo, al de flujo de beneficio.

Es fácil darse cuenta de lo absurdo del sistema. Parte del dinero que sale de Catalunya no regresa a Catalunya. Sin embargo, la Generalitat, al no recibir del Estado, vía sistema de financiación autonómica, suficientes recursos, tiene que pedirlos al propio Estado. Por eso son muchos los que denuncian que lo que está haciendo en realidad el gobierno español es prestar a la Generalitat un dinero que es de los catalanes.

Como se ha dicho, las últimas imposiciones se aplican exclusivamente a la Generalitat, y suponen la total intervención de sus finanzas. No sólo se condiciona, estableciendo prioridades, qué pagos deben atenderse, sino que ahora se obliga a la administración catalana a conectar su sistema informático al de Madrid para que ni un solo céntimo escape a la vigilancia de Montoro. Además, a los funcionarios catalanes les han puesto a disposición un correo electrónico para poder denunciar a sus jefes y compañeros.

Todo ello condiciona la política de la Generalitat, que pierde su capacidad de decisión. Por si fuera poco, ante los que reclaman cobrar sus facturas, la Generalitat aparece como el problema y Rajoy como su salvador. La razón para castigar a la Generalitat –y por lo tanto a los catalanes- ha sido explicitada sin un ápice de vergüenza: el gobierno español no se fía ni del ejecutivo catalán actual ni del que pueda surgir de los resultados del 27-S. No le gusta lo que votan los catalanes.

Se trata, en resumen, de una humillación institucional, amén de un ataque a la autonomía catalana, algo que debería escandalizar a cualquier demócrata, viva donde viva y sea de donde sea.