El Periódico

EL 'CASO NÓOS'

La defensa de la infanta Cristina se equivocó de cuenta al ingresar la fianza

El juez José Castro no da por consignados los casi 600.000 euros ingresados por error en un juzgado de Barcelona

MARISA GOÑI / PALMA

Martes, 16 de diciembre del 2014 - 13:37 CET

La infanta Cristina, el pasado 8 de febrero, tras declarar ante el juez.

El juez José Castro no da por consignada la fianza de responsabilidad civil depositada por la infanta Cristina porque no se ingresó en su juzgado de Palma, sino en uno de Barcelona. En una providencia dictada este martes, el magistrado da cuenta del error en un número de la cuenta cometido por la defensa de la infanta, imputada por dos delitos fiscales, a la hora de ingresar los 587.413 euros que le reclama la Fiscalía Anticorrupción antes del pronunciamiento judicial sobre el alcance de sus responsabilidades en el 'caso Nóos'.

En su escrito de acusación, el fiscal Pedro Horrach, que no ve responsabilidad penal en el comportamiento de la infanta pero sí un lucro, estimó en 837.638 euros la cantidad desviada de negocios ilícitos del Instituto Nóos hacia Aizoon, la empresa patrimonial de los duques de Palma. Además, considera que el marido de Cristina, Iñaki Urdangarin, utilizó la sociedad familiar para declarar ingresos profesionales y defraudar así al fisco 182.005 euros en el 2007, y 155.138, en el 2008. De ahí los casi 600.000 euros que le reclama a la hermana del Rey como titular del 50% de Aizoon.

La Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, rebaja la reclamación de la fianza civil a 168.571 euros, ya que solo le computa la mitad que le corresponde de la defraudación de su marido al fisco. La defensa de la infanta mantiene la petición de archivo y, en último extremo, solicita la aplicación de la 'doctrina Botín', según la cual la hermana del Rey no iría a juicio porque solo lo pediría la acusación popular.

EL MATIZ

La Audiencia Provincial de Palma se pronunció en noviembre al respecto y vio un matiz para no aplicar esa doctrina. Y es que, en el caso del banquero Emilio Botín, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado veían delito fiscal y aquí sí, solo que difieren en las personas responsables. Castro determinará el futuro judicial de la infanta Cristina en el auto de apertura de juicio oral que dictará previsiblemente antes de Navidad.


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