ERC promueve su propia ley contra la pobreza energética ante la "lentitud" del Govern

ERC ha registrado este miércoles en el Parlament una proposición de ley con la que quiere modificar el Código de Consumo de la Generalitat para superar la suspensión del decreto de pobreza energética por parte del Tribunal Constitucional (TC), una iniciativa que han promovido por su cuenta ante la "lentitud" del Govern.

"Nos hemos cansado de esperar que el Govern actúe", ha afirmado en declaraciones a los periodistas el diputado republicano en el Parlament Pere Bosch, que ha lamentado que el Ejecutivo catalán haya incumplido mandatos de la Cámara catalana sobre este aspecto.

Así, ha recordado que en el debate monográfico sobre pobreza que celebró el Parlament en marzo se instó al Govern a presentar en tres meses un estudio sobre la implantación del decreto sobre pobreza energética, así como la elaboración de un nuevo decreto antes del 30 de septiembre, dos plazos que no se han cumplido.

Bosch ha cargado también contra la actuación del Gobierno central, al que ha afeado que recurriese el decreto ante el TC por considerar que invadía competencias del Estado: "No nos quedaremos de brazos cruzados ante un Estado que no nos deja votar ni proteger a las personas más vulnerables".

El decreto ley de la Generalitat, aprobado el diciembre de 2013, impedía que las compañías de suministros cortaran de noviembre a marzo la luz o el gas a las familias en situación acreditada de vulnerabilidad económica, permitiendo a los usuarios pagar las facturas entre los meses de abril y octubre siguientes.

TREGUA TODO EL AÑO

La proposición de ley presentada por ERC prevé superar la suspensión cautelar del TC, y pide modificar el Código de Consumo para introducir una definición sobre qué es un consumidor vulnerable, aquella unidad familiar que tiene unos ingresos inferiores al 1,5 del índice de la renta de suficiencia más un 30% por cada miembro de la familia. 

La propuesta impide a las empresas cortar el suministro de agua, gas y electricidad sin un informe previo de los servicios sociales, una medida que extiende a todo el año y no ciñe solo a los meses de invierno como hacia el decreto del Govern.

"No se trata de prolongar la agonía y alargar la deuda", ha advertido Bosch, que ha apostado por habilitar mecanismos que combinen tanto la apelación a la responsabilidad social de las empresas como instrumentos de ayuda a estas familias por parte de las administraciones.