Entra en vigor la ley que obliga a los altos cargos a informar de su patrimonio

La ley que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, aprobada en marzo por el Gobierno con el apoyo de CiU y PNV, ha entrado en vigor este lunes. El Ministerio de Hacienda calificó la norma como "una de las más avanzadas en cuanto al control de los máximos responsables del sector público". Entre las medidas que establece la ley, figuran la revisión del patrimonio de los altos cargos a lo largo de su mandato y la obligación de entregar sus declaraciones de IRPF y de patrimonio cuando dejen el puesto.

La norma se enmarca en el plan de regeneración democrática del Ejecutivo, con el fin de restablecer la maltrecha confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas ante los múltiples casos de corrupción. El grueso de la oposición se opuso a la norma por creer que "no aporta nada nuevo" y no sirve para regenerar la democracia ni para atajar las prácticas corruptas.

En cuanto a las obligaciones antes de ser designados, los altos cargos tendrán que demostrar, además de idoneidad profesional, su honorabilidad; es decir, que no han sido condenados a través de una sentencia firme ni inhabilitados para una responsabilidad pública, ni expedientados por infracción grave. El PP se negó a incluir el veto a los imputados argumentando que esa medida iría contra la presunción de inocencia. Los ciudadanos tendrán acceso a esa información.

Se examinará el patrimonio de los altos cargos a lo largo de su mandato, para comprobar si ha habido incrementos no justificados, de lo que se informará al Gobierno semestralmente. La documentación que deberán entregar una vez ya no estén en la administración corresponderá al año en curso y a los dos ejercicios anteriores. Además de la declaración del IRPF y del patrimonio, tendrán que aportar una certificación de la Agencia Tributaria conforme están al corriente de todas sus obligaciones fiscales.

LAS 'PUERTAS GIRATORIAS'

Si solicitan iniciar una actividad privada, tendrán que entregar la misma documentación durante los dos años siguientes. En todo caso, no podrán pasar por las 'puertas giratorias' de sociedades vinculadas a su gestión en la administración pública.

La ley prohíbe con carácter general el uso de tarjetas de crédito y regula el uso de vehículos oficiales.