La pedrea de los presupuestos

El gran titular de la aprobación de los presupuestos se lo llevó la partida del referéndum y la bronca que se desencadenó en el hemiciclo tras las advertencias de ilegalidad de los letrados del Parlament. Pero entre las más de 100 votaciones de enmiendas de la oposición a las cuentas del 2017, cabe consignar algunas victorias de la oposición, que logró colar en el presupuesto medidas de contenido social.

GUARDERÍAS

Es el caso del PSC, que consiguió dos mini-victorias en la pedrea de las votaciones. Una de ellas obliga al Govern a recuperar su corresponsabilidad en la financiación del servicio público de las guarderías municipales "dentro de sus disponibilidades presupuestarias". También debe garatnizar una financiación que cubra como mínimo un modulo económico de 1.600 euros por plaza y año.

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Los socialistas también sacaron adelante una propuesta, supeditada igualmente a "las disponibilidades presupuestarias", a fin de garantizar la inversión para activar los planes de intervención en las zonas beneficiadas por la ley de barrios (para la recuperación social y económica de estas áreas). La enmienda estipula 100 millones de euros para otra convocatoria durante el 2017.

Catalunya Sí que es Pot también arañó un compromiso genérico para que el Govern cumpla "sus obligaciones con los ayuntamientos respecto a la financiación de las guarderías municipales".

DEPENDENCIA

Los 'comuns' se felicitan por haber logrado también varios acuerdos parlamentarios durante las votaciones. En concreto, uno para destinar una partida "suficiente" para un plan de choque que revitalice la ley de dependencia para reducir listas de espera, incrementar el sueldo a los profesionales, y reducir el tiempo para elaborar el plan individual de atención, que es la fase previa a poder recibir la ayuda.

TASAS UNIVERSITARIAS

En materia de tasas universitarias, el Parlament aprobó extender el modelo de equidad a los másters universitarios y aplicar una mayor progresividad en los descuentos de cada tramo de la renta en estudios de grado, con reducciones de "como mínimo el 30% sobre el precio total en los tramos más bajos de la renta". También incluye compensar a las universidades públicas por la posible pérdida de ingresos derivada de esta aplicación de la política de precios.

ERROR EN LA VOTACIÓN

Colar enmiendas de la oposición no es habitualmente fácil cuando el Govern tiene una alianza mayoritaria en la Cámara... o cuando algún grupo, además, comete errores a la hora de apretar el botón correspondiente desde su escaño. Es lo que le sucedió a Ciutadans, que se equivocó y votó lo mismo que el Govern en una votación que afectaba ni más ni menos que a 600 enmiendas de la oposición, que fueron tumbadas de un plumazo.

Enseguida, el portavoz del grupo naranja, Carlos Carrizosa, pidió disculpas. Pero una vez se activa el mecanismo de votación, no hay marcha atrás. No se puede pedir una repetición. Y se perdieron la mitad de las 1.200 enmiendas de la oposición, que habían pasado el trámite previo de la comisión de Economia. El Govern acusaba a los partidos de la oposición de lanzar brindis al sol con estas propuestas, que costarían, según el Ejecutivo, unos 7.000 millones. No hizo falta ver qué hacía la Generalitat si prosperaban estas iniciativas... por el error del grupo de Inés Arrimadas.

LO QUE EL SOCIO ECHA EN FALTA

Por su parte, la CUP validó los presupuestos, pero es muy crítica respecto a las enmiendas propias que Junts pel Sí evitó que prosperaran. Se trata de propuestas para, por ejemplo, rebajar el sueldo de altos cargos del Institut Català de la Salut, establecer un salario mínimo de 1.200 euros para los trabajadores de las subcontratas de la Administración con grandes multinacionales del sector servicios --como Ferrovial y Acciona--, o facilitar la posibilidad de que los empleados con varios años de interinaje puedan ser fijos.

La portavoz 'cupaire', Anna Gabriel, se ha manifestado "muy crítica, muchísimo", con los presupuestos porque "no revierten el modelo de concertación público-privada que ha generado tantos casos de corrupción, ni la desigualdad que hay en este país". Tampoco comparten que los 1.300 millones de euros adicionales en políticas sociales provengan de la reducción de intereses de la deuda. "No hay ningún esfuerzo del Govern", se quejan los anticapitalistas de sus socios parlamentarios.