La mayoría de españoles piden que los imputados por corrupción dimitan

Una norma no escrita que han patentado sin debate alguno los partidos tradicionales establece que un político imputado solo debe renunciar a su cargo (y salario) público en caso de que el juez le siente en el banquillo. Nunca antes, por aquello de que «una imputación no es una condena» y, por tanto, puede quedar en nada. Pero dos de cada tres españoles no comparten esta tesis, defendida con ahínco por PP y PSOE.

Según el Barómetro Político de España del GESOP, el 65,6% opina que la dimisión debe producirse en cuanto el político empieza a ser investigado por la justicia. Solamente el 14,9% se alinea con la doctrina de populares y socialistas, mientras que otro 15,6% es aún más laxo y sostiene que el político debe aferrarse al cargo hasta que exista una sentencia condenatoria firme.

Estas proporciones se mantienen entre los votantes de todos los partidos, incluidos el PP y el PSOE. El 61% de electores populares y el 69% de socialistas exigen que una imputación conlleve la dimisión, algo que el partido de Pedro Sánchez no han aplicado a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

El clamor todavía es mayor entre los españoles respecto a la opción de excluir a los imputados de las listas electorales. El 92% está a favor de esta medida, mientras que solo el 6,2% cree que pueden concurrir.