Una vez más, los tribunales, el Supremo en este caso, han vuelto a opinar en contra del modelo de enseñanza de la lengua en Catalunya. El acierto de blindar en una ley de educación nuestro modelo lingüístico nos da, por ahora, un margen de tranquilidad en las escuelas.

Cartel a favor de la escolarización en catalán, en una escuela de Reus. JOAN PUIG

Cartel a favor de la escolarización en catalán, en una escuela de Reus. JOAN PUIG

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Información publicada en la página 26 de la sección de Política de la edición impresa del día 29 de junio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Un margen que no nos puede hacer olvidar ni ocultar que la batalla jurídica sobre el modelo de la escuela catalana es solo el escaparate de un combate de fondo sobre el modelo de Estado, el reconocimiento o la negación de su carácter plurinacional y sobre el ejercicio de los derechos individuales y colectivos que resultan de este. En efecto, ahora todo está ya bastante claro. No estamos hablando de educación ni, menos aún, de métodos pedagógicos.

Desde hace 30 años, los chicos y chicas de Catalunya reciben la enseñanza normalmente en catalán y nuestro país ha vivido sin problemas lingüísticos. Niños y niñas que han venido de todas partes, primero de diferentes lugares de España, después de muchos otros lugares del mundo. Todos ellos han aprendido el catalán como lengua propia de Catalunya y también el castellano. Hemos podido demostrar a todo aquel que ha querido que al acabar la enseñanza obligatoria todos los chicos y chicas son capaces de demostrar su competencia tanto en catalán como en castellano. Incluso mejor que en alguna comunidad monolingüe.

Lo que es más importante, sin embargo, es la cautela que ha incorporado nuestro modelo para impedir la separación de alumnos en centros o grupos en función de su lengua: ha sido un elemento fundamental de cohesión social de nuestro país.

Muy pocas han sido las familias que durante todos estos años han pedido tener su primera enseñanza en castellano, aunque la ley lo prevé. Pocas, porque se ha entendido que es natural que se hable en un país aquella lengua que le es propia.

Nos podríamos atrever a emitir un juicio de intenciones sobre un porcentaje importante de las personas que no quieren que sus hijos sean escolarizados en catalán. Son aquellas que forman parte del conjunto, que no llega ni a minoritario, que considera que en Catalunya se puede vivir, y se debe poder vivir, sin necesidad de conocer nuestra lengua. Aquellas que entienden que el bilingüismo consiste en poder usar únicamente una de las dos lenguas

-naturalmente, el castellano-.

Están pasando muchas cosas políticamente en España respecto a la concepción del Estado y su relación con las lenguas propias: nuevas denominaciones extrañas de lenguas «orientales», sacar el catalán de la escuela en Baleares, sentencias que atacan modelos sociales y pedagógicos de solvencia contrastada.

Por otra parte, la crisis económica, el miedo a la pobreza y la incertidumbre sobre el futuro, como no puede ser de otra manera, acaparan la atención de todos. Estemos atentos porque hay relación; se puede estar intentando que se produzca una verdadera tontería, una imprudencia social que va más allá de un atentado en nuestro país y a nuestra lengua. Quieren robar oportunidades a la gente en beneficio de una determinada concepción estatal.

Si nuestro modelo lingüístico no cabe en nuestra Constitución, se está rompiendo el pacto constitucional y, llegados a este punto, lo que hay que cambiar es la Constitución y no el modelo lingüístico.