El PP a nivel nacional echará el resto en la campaña catalana. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado este lunes que los conservadores celebrarán en Barcelona en los próximos días dos cónclaves de envergadura que trasladarán hasta la capital catalana a sus dirigentes y cuadros medios de toda España.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, este lunes en una rueda de prensa en Madrid. EFE / TAREK

Los días 26 y 27 de octubre se celebrará en Barcelona la reunión intermunicipal del PP, en la que participarán alcaldes de todo el territorio nacional y que, salvo cambios de última hora, estará presidida por el presidente del partido, Mariano Rajoy. Cospedal no ha escondido que la intención del partido al celebrar esta conferencia en Barcelona es "apoyar a Alicia Sánchez Camacho y a todo el Partido Popular catalán".

Poco después, el 10 de noviembre, el PP reunirá también en la capital catalana a todos sus barones autonómicos y provinciales, en principio con un objetivo similar.

El PP considera que Artur Mas ha elevado su tono de enfrentamiento con el Gobierno central con el objetivo de "tapar su fracaso al frente de la Generalitat". "Artur Mas ha convocado las elecciones porque tiene ante sí un fracaso político y económico y prefiere hablar de otros temas y no de los otros más perentorios y reales", ha manifestado Cospedal. Los populares, según fuentes del partido, intentarán dar la vuelta a la tortilla y que la campaña se centre en el fracaso del president y no tanto en su desafío secesionista.  

Las respuestas del Ejecutivo

La número dos del PP no ha descartado, por otra parte, que el Gobierno llegue a recurrir, si la Generalitat finalmente convoca una consulta de autodeterminación ilegal, al artículo 155 de la Constitución que permite suspender la autonomía de las regiones díscolas.

Cospedal no ha querido precisar, por contra, si el Ejecutivo planea introducir como delito la convocatoria de referendos ilegales en la anunciada reforma del Código Penal. Fuentes del PP señalan, para explicar las palabras de Cospedal, que el Ejecutivo dispone de suficientes instrumentos legales como para impedir la celebración de la consulta y por tanto no tiene por qué recuperar un delito que desapareció en la última reforma del Código Penal.