En la sesión celebrada esta mañana en el Tribunal Supremo del juicio contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo han comparecido dos nietas de desaparecidos que han explicado que han recogido el testigo de sus padres "con la misma dignidad, pero sin el mismo miedo" para denunciar las desapariciones de sus familiares. El juicio ha quedado aplazado hasta el próximo lunes, en que comparecerán otros seis testigos.
Josefina Musalem, de la Asociación de la Memoria Histórica de Aragón, ha explicado que presentó una denuncia sobre la desaparición de cientos de personas en esa comunidad porque "la vía penal era la única opción que nos quedaba para investigar lo que ocurrió y para que haya justicia y reparación". A continuación, ha relatado el drama “con el que ha tenido que vivir" su padre durante toda su vida.
"El 13 de agosto de 1936, los falangistas se llevaron de mi casa a mis abuelos. Mi abuela estaba embarazada y cuando mi tía fue a preguntar por ella le dijeron que con el tiro de gracia le habían reventado la tripa". Luego, "muerto el dictador", se enteraron de que su abuela había dado a luz a un niña."Desde hace 33 años la buscamos -ha explicado-. No hay piedra que no hayamos levantado, pero no hemos podido encontrarla hasta hoy".
Por su parte, María Antonia Oliver, de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca, ha declarado que presentó la denuncia con un informe en el que se explicaba que la represión contra la población civil comenzó en la isla el 19 de julio de 1936. Y que de una población de 300.000 personas, más de 3.000 fueron asesinadas.
También ha señalado que es nieta de un desaparecido y que impulsó esta investigación para que su madre, que tiene 87 años, "pueda cerrar sus heridas antes de morir". Su madre, ha añadido, le explicó que cuando fue detenido su abuelo le llevó comida a la cárcel hasta que una día de la primavera de 1937 le dijeron que lo habían puesto en libertad." "Pero los otros presos nos contaron después que había salido maniatado y que se había despedido de sus compañeros porque sabía adónde iba; le llevaban directamente a la muerte".
"Los nietos teníamos el deber de denunciarlo", ha agregado. "Ese dolor, ese sufrimiento, es permanente”. La testigo ha admitido ante el tribunal que su asociación ha contado con el asesoramiento de juristas que han tipificado estos hechos como delitos de lesa humanidad. "Comprobamos que eran crímenes similares a los que se habían investigado en Chile y Argentina", ha puntualizado.