Vaya por delante lo sorprendente que resulta el acalorado debate que ha suscitado una reforma de la ley electoral que, si finalmente se lleva a cabo, no entrará en vigor hasta las elecciones autonómicas vascas del 2017. ¿Por qué? Porque el PP y el Gobierno han decidido introducir en plena precampaña autonómica la cuestión sobre quién, cómo y cuándo deben votar los exiliados que huyeron de Euskadi y Navarra por miedo y por la falta de libertad que durante años impuso ETA.

Jorge Fernández Díaz junto a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, en un acto celebrado en enero. JOSÉ LUIS ROCA

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Información publicada en la página 14 de la sección de Política de la edición impresa del día 11 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Existe un consenso bastante amplio -que excluye a la izquierda aberzale- en relación a que el derecho al voto supone la reparación de una injusticia. Pero también existe el convencimiento de que esa reforma electoral no se puede hacer unilateralmente y que exige la complicidad, como mínimo, de los socialistas y los nacionalistas vascos.

A escasos meses del más que seguro adelanto electoral en el País Vasco, el PP ha querido hacer suya una iniciativa que ya aparecía en un estudio que la Oficina de Víctimas del Gobierno vasco encargó hace un año y medio al Instituto Vasco de Criminología. El Ejecutivo de Vitoria quería abordar la problemática de los exiliados para incorporarlos a la actual ley de víctimas con una modificación que ya se está tramitando.

CENSO IMPOSIBLE / La Oficina de Víctimas intentó hacer un censo aproximado del colectivo. «Fue imposible», asegura Txema Urquijo, uno de los responsables. Durante todo este tiempo ha resultado inviable saber cuánta gente tuvo que huir por culpa de ETA. El único registro fiable que indica las idas y venidas de población es el padrón, pero no se dan las razones para darse de baja o de alta. Entonces se buscaron registros en la Ertzaintza, la Policía y la Guardia Civil sobre amenazados. Pero tampoco sirvieron para hacer un censo riguroso de los exiliados.

El Instituto Vasco de Crimonología creó varios talleres de encuentros para saber cuáles eran las necesidades de ese colectivo. Y a los patrones más tradicionales, como el del político, el periodista o el empresario amenazado, quisieron sumar otros nuevos, como el de las viudas. Se organizó un encuentro de mujeres a las que les resultaba «insoportable» seguir viviendo en Euskadi tras el asesinato de sus maridos. Entre las conclusiones de esos talleres quedó claro que para las víctimas el voto es un acto de justicia.

La Oficina de Víctimas no avanzó en el tema del voto porque es una competencia estatal, y se centró en otras necesidades como facilitar el regreso a los pocos que quieren volver, y mantener los vínculos con las instituciones cara, por ejemplo, a recibir ayudas o estar al tanto de los programas de encuentros y restitución de la memoria.

SENTIMIENTO DE «CULPA» DEL PNV / El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presentó el mes pasado un informe encargado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que avala la constitucionalidad de derecho al voto. Para el ministro se trata de una «exigencia de justicia democrática» necesaria en un escenario post-ETA. Los socialistas coinciden en lo básico con la propuesta, aunque ayer criticaron al Gobierno por «hacer las cosas mal» y pretender «sacarle un rendimiento electoral a algo que tiene mucho que ver con el sentimiento de las víctimas».

Para los aberzales el PP pretende «modificar los censos a su antojo y al servicio de sus intereses, que no son otros que cerrar las puertas a la izquierda independentista». El PNV entiende que se podría asistir a un «pucherazo» y amenaza con presentar un recurso de inconstitucionalidad. El líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, consideró ayer que las críticas de los nacionalistas «esconden miedo y culpa» por su «silencio pasado ante el atropello» sufrido por los afectados.