Vaya por delante lo sorprendente que resulta el acalorado debate que ha suscitado una reforma de la ley electoral que, si finalmente se lleva a cabo, no entrará en vigor hasta las elecciones autonómicas vascas del 2017. ¿Por qué? Porque el PP y el Gobierno han decidido introducir en plena precampaña autonómica la cuestión sobre quién, cómo y cuándo deben votar los exiliados que huyeron de Euskadi y Navarra por miedo y por la falta de libertad que durante años impuso ETA.

 Existe un consenso bastante amplio ¿que excluye a la izquierda aberzale¿ en relación a que el derecho al voto supone la reparación de una injusticia. Pero también existe el convencimiento de que esa reforma electoral no se puede hacer unilateralmente y que exige la complicidad, como mínimo, de los socialistas y los nacionalistas vascos.

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