Un diputado del PP y un embajador, bajo sospecha por cobrar comisiones millonarias de gobiernos de África y Latinoamérica

El diputado del PP Pedro Gómez de la Serna y el embajador de España en la India, Gustavo de Arístegui, habrían cobrado comisiones millonarias por conseguir contratos para diferentes empresas en África y Latinoamérica, según publica este miércoles 'El Mundo'  y la 'Cadena Ser'. Sin embargo, De la Serna ha desmentido esta información y la ha atribuido a un excomercial de su consultoría, contra el que ha asegurado que ha interpuesto cuatro denuncias por extorsión.

Según la noticia del citado rotativo, Arístegui (ahora embajador, pero diputado por el PP desde el 2000 hasta el 2011) y De la Serna comparten una marca, Votar Lassen, a través de la cual han conseguido contratos públicos para empresas españolas. Entre estos contratos estarían el de dos grandes obras para Elecnor en Argelia. Por este negocio habrían cobrado 737.000 euros en comisión más un canos de 15.000 euros mensuales. Además, Votar Lassen cobraba entre el 2% y el 5% de todas las adjudicaciones conseguidas.

De la Serna ha asegurado que se defenderá contra el "daño comercial" a su despacho y el "daño reputacional" que sufren tanto él como su partido en plena campaña electoral de las generales del 20-D. También ha recalcado que las informaciones están dañando también a una empresa española --Elecnor-- que está participando en "proyectos muy complejos" y desarrolla una actividad internacional "con toda legitimidad".

El candidato a diputado ya respondió el martes por la noche a la información, en una cuenta de Twitter recién abierta en la que publicó una fotografía de las cuatro denuncias que ha presentado en comisaría "por las amenazas, acosos y extorsiones realizadas por un antiguo comercial".

Según su versión, este exempleado, a finales de 2014, entró en una "vorágine de gastos suntuarios muy por encima de sus posibilidades" y empezó a pedir adelantos y, más adelante, a reclamar grandes cantidades amenazando con un "escándalo mediático en plenas elecciones". A su juicio, esa persona ha "perdido el equilibrio psicológico".

EL CONGRESO LE AUTORIZÓ SU ACTIVIDAD

El 'popular' ha defendido su actividad profesional subrayando que él montó su despacho de abogados y de consultoría en el 2008, cuando no tenía ninguna responsabilidad pública ni política. Además, ha dicho que toda su actividad se ha desarrollado fuera de España, precisamente para que nadie pudiera decir que se aprovechaba de su agenda doméstica, y apoyándose en socios locales que son empresarios privados locales.

En tercer lugar, ha recalcado que el contrato con Elecnor es de marzo de 2010, antes de que él accediese a su escaño y ha incidido también en que cuando entró en el Congreso declaró su actividad como letrado y como consultor de empresas, y la Comisión del Estatuto del Diputado se lo autorizó. En todo caso, ha asegurado que la actividad de sus empresas es transparente y legal, que ha tributado por ella y que "todo es transparente, ético, legal y regular".

En cuanto a la actividad de Gustavo de Arístegui, se ha limitado a señalar que éste tenía "otra empresa que colaboraba" con la suya y que cuando fue nombrado embajador cedió la administración a su hijo, "un profesional de 30 años" formado en Relaciones Internacionales que trabaja en un "despacho muy importante" donde realiza informes sobre mercados emergentes y sectores de actividad.

RAJOY Y SU PARTIDO AVALAN SU VERSIÓN

El presidente del Gobierno y candidato del PP a la reelección, Mariano Rajoy, han avalado este miércoles su versión al señalar que no ve ilegalidad en la actividades privadas del diputado. Y, desde la sede nacional, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha dicho que su partido considera "adecuadas" y "aceptables" las explicaciones dadas por Gómez de la Serna, ha elogiado su actitud "transparente" y el hecho de que haya ofrecido las explicaciones en su circunscripción, Segovia, donde concurre como número dos al Congreso.

Por el contrario, el PSOE ha pedido al diputado que renuncie a ir en las listas del PP "por calidad democrática" mientras que Podemos ha propuesto endurecer el régimen de incompatibilidades para prohibir que los parlamentarios puedan tener negocios privados mientras ocupan el cargo, aún cuando sean comunicados a las Cortes.