La Diputación de Barcelona lleva al Govern al TSJC por una deuda

Su presidente,Salvador Esteve, es alcalde deMartorell (Baix Llobregat) bajo las siglas deCiU, pero eso no ha evitado que laDiputación de Barcelonaaprobara ayer por unanimidad llevar a la Generalitat ante los tribunales. El ente provincial interpondrá un recurso contencioso administrativo en elTribunal Superior de Justícia de Catalunya(TSJC) por el incumplimiento del Govern en la devolución de 167 millones de euros que la diputación prestó a municipios de su ámbito en lugar de la institución autonómica, en base a un convenio entre aprobado en marzo del año pasado.

El convenio en cuestión es el Plan Extraordinario de Asistencia Financiera Local, que la diputación utilizó para avanzar a los ayuntamientos parte de lo que les adeuda la Generalitat --550 millones, a finales de 2012--. La Generalitat se comprometió a devolver ese dinero antes de que acabara el año pasado, pero a finales de diciembre, la diputación barcelonesa le aplazó el plazo para hacerlo indefinidamente.

Sacar de apuros al Govern

Desde el gobierno del organismo provincial,Carles Rossinyol(CiU) subrayó que el convenio no se firmó para sacar de apuros al Govern, sino para "solventar un problema grave de tesorería" de los consistorios, y aseguró que para compensar ese avance hace meses que la diputación no paga las deudas que tiene con la Generalitat, como hace con muchos ayuntamientos.Àlex Mañas(ICV-EUiA) calificó la actitud del Govern de deslealtad institucional;Alberto Villagrasa(PPC) felicitó a Esteve (CiU) por la decisión de acudir a la justicia yRafel Roig(PSC) lamentó que se haya tenido que llegar al extremo de presentar un recurso administrativo. En cambio,Jordi Portabella(ERC) argumentó que los acuerdos se deben cumplir, pero aprovechó para introducir en el debate la cuestión soberanista, incidiendo en que el Gobierno central también debe hacer frente a sus impagos reiterados.

Precisamente, la Diputación de Barcelona sí que se alineó ahí con el Ejecutivo deArtur Masy en el pleno de ayer se sumó alPacte Nacional pel Dret a Decidir a propuesta de CiU, ERC e ICV-EUiA y con los votos en contra del PSC y el PPC. Los argumentos de los diferentes partidos no arrojaron grandes novedades respecto de lo que proclaman en el Parlament. El portavoz convergenteJoan Carles Garcia Cañizaresadmitió que la consulta «tal vez no sea legal», pero sí es "legítima", Además, "es sinónimo de democracia", le apostilló el republicano Portabella.

En cambio,Pilar Díaz (PSC) aseveró que la consulta se debe realizar de manera legal, acordada y sin presuponer si el resultado "será blanco o negro". Los socialistas afirman que el pacto en cuestión ya apunta hacia la independencia y por eso no lo apoyan.