Dimite una edil de Podemos en Puerto Real imputada por estafar a inmigrantes

Apenas un trimestre ha durado Mónica González al frente de la concejalía de Hacienda en Puerto Real (Cádiz). La edil de de 'Sí se Puede Puerto Real' (SSPPR), una lista vinculda a Podemos, presentó este lunes su dimisión después de que haya trascendido que está imputada en un caso investigado por la Audiencia Nacional desde hace años acerca de una supuesta estafa a más de 5.000 inmigrantes. Una imputación que ya era conocida por sus compañeros de partido cuando se incorporó a las candidaturas impulsadas por la fuerza en la provincia de Cádiz.

En un comunicado, González asegura que ha reflexionado durante todo el fin de semana tras las críticas de la oposición, y que se marcha a causa de la "presión mediática desmedida e injusta sobre mis compañeros, especialmente por tratarse de una candidatura de unidad popular, y también sobre el pueblo de Puerto Real". Así, considera que se trata de un acto de responsabilidad del que otros políticos deberían tomar ejemplo, un planteamiento reiterado por el regidor y compañero de filas Antonio Romero.

La exedil ha defendido su inocencia en un comunicado en el que asegura "no tener nada que ocultar" y en el que manifiesta su confianza en que en el juicio "se aclare todo". Asimismo, asegura que dará "todas las explicaciones pertinentes en los órganos de mi formación y en la asamblea en el momento en que se convoquen". Días antes había puesto ya su cargo a disposición del partido pero aplazando cualquier decisión sobre su futuro hasta la celebración de esta reunión.

PETICIÓN DE CUATRO AÑOS DE CÁRCEL

La Fiscalía pide para González cuatro años de prisión por un supuesto delito de apropiación indebida y estafa. La exedil está imputada desde el año 2006 en el conocido como 'caso Eurowork', en el que se investiga una supuesta estafa a miles de inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos, a los que a cambio de una suma económica (unos 450 euros) aseguraban que iban a proporcionarles un contrato de trabajo y un visado. Se estima que pudieron defraudar cerca de 2,5 millones de euros. González, entonces recién licenciada en Derecho y muy comprometida con los derechos sociales y la atención a los inmigrantes, según explica, entró a trabajar en la empresa en lo que era su primer trabajo remunerado. En poco tiempo el jefe de la sociedad, Luis Batlle, le solicitó que se hiciese administradora única para encargarse de la empresa durante sus ausencias debido a sus continuos viajes de trabajo. "Hoy me encuentro la imputación por haber firmado y confiado en el proyecto de una persona, que luego resultó que venía de estafar", explicó la exconcejal.

La detención de Batlle en Tailandia hace un año reactivó el caso, que está pendiente ahora de señalamiento para que se celebre el juicio oral. González dice ser "una víctima más" de lo sucedido, según explicó en rueda de prensa, en la que reprochó que "la dejaron sola en el barco" y tuvo que ser ella quien atendiera directamente las quejas de los perjudicados. Así, lamentó que incluso tuvo que hacer frente a las deudas que dejó su antiguo jefe, entre las que resaltó multas de tráfico cuando ella siquiera tenía carné de conducir.

Su compañero de partido, el alcalde de Puerto Real, ha cerrado filas con González destacando que "ha sido, es y seguirá siendo una pieza fundamental en esta primera etapa, demostrando una inmensa capacidad de trabajo y sacrificio, así como una valía personal y profesional digna de admiración", y ha abundado en que se trata de "una víctima más de este estafador". Desde Equo, socio de Gobierno de SSPPR ha apoyado el gesto de "responsabilidad", que ha valorado como "necesario y coherente".