Díaz reivindica la transparencia para buscar la abstención de la oposición

La socialista Susana Díaz trató de despojar de argumentos a quienes le niegan el apoyo para ser investida presidenta de la Junta de Andalucía planteando una ambiciosa hoja de ruta para la próxima legislatura con concesiones a todas las fuerzas. A ellas les dedicó los primeros minutos de su intervención con un retador «quien quiera ejercer la oposición debe permitir que haya gobierno para cumplir así el mandato de los ciudadanos». La regeneración democrática ocupó la primera parte del discurso, con el que Díaz quiso impulsar el paquete de lucha contra la corrupción «más potente» del país. Defendió las listas abiertas y que los candidatos sean elegidos por primarias. Propuso la incompatibilidad de recibir remuneraciones del partido y de un cargo público; la responsabilidad patrimonial de los cargos en caso de corrupción y retirar de sus funciones a quien sea imputado o mienta en su currículum.

El entorno más cercano a Díaz llegó a asegurar que el discurso supone «el mayor impulso reformista de la administración» en 20 años, con 135 medidas en materia de creación de empleo, regeneración democrática y avances sociales. De ellas, 24 tendrán rango de ley. Una propuesta de máximos con la que los socialistas esperan desbloquear el rechazo del resto de fuerzas y lograr la abstención, y por tanto la investidura de Díaz, a finales de semana.

Algo que se antoja complicado todavía, porque la oposición se encargó de poner los pies en el suelo destacando que muchas de las propuestas son antiguas y derivan del anterior pacto de legislatura con IU, como la creación de una suerte de ICO autonómico o incluso la propuesta para garantizar un mínimo vital de luz y agua a la que en su momento se opusieron. Y algunas se remontan a tiempos que, tras la vorágine de los últimos meses, suenan ya casi prehistóricos, como los gobiernos de Manuel Chaves.

Otras, sin embargo, sobrepasan las competencias autonómicas, y se quedan en meras propuestas de instar a las Cortes y al Gobierno central a actuar. Es el caso de la modificación de la Constitución y la ley electoral para incluir las elecciones a segunda vuelta para alcaldías y presidencias del Gobierno o autonómicas. Un trámite que, curiosamente, sonó a despecho porque de estar ya en vigor hubiera agilizado la formación del gobierno andaluz transcurrido más de un mes desde los comicios.

También instará a que se reforme el Código Penal para que se amplíen la prescripción de los delitos por corrupción, para que la responsabilidad patrimonial de los corruptos no prescriba, y para que se tipifique la financiación ilegal de partidos y sindicatos como delito penal.

«Si todos queremos, acabaremos con la corrupción. Si todos hacemos lo que decimos, acabaremos con la corrupción. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer, acabaremos con la corrupción», aseveró.

Las políticas sociales, la estrella de los ejecutivos socialistas andaluces, también tuvieron su protagonismo. Díaz se comprometió a llevar la renta básica social y una reforma de la ley de Igualdad a la Cámara en el primer semestre del 2016; blindar el sistema público sanitario con la ley de Garantía y Sostenibilidad, y ampliar la plantilla en 500 personas.

Asimismo, anunció una subida del 10% en los fondos para dependencia, un aumento de plazas escolares y la oferta de las enseñanzas obligatorias incluirán dos idiomas, poniendo además en marcha un plan contra el fracaso escolar y la contratación de otros 500 profesores para tapar sustituciones. se comprometió a movilizar 3.000 millones de fondos públicos para crear empleo, el gran lastre de la región.

En materia económica, algunas fuentes socialistas llegaron a reconocer los tintes «liberales» del programa de Díaz, dado que algunas de las medidas encajaban con las propuestas de Ciudadanos o el PP. Díaz habló un plan contra el fraude fiscal y de nuevas deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF por creación de empleo y aportaciones a proyectos empresariales que contribuyan al nuevo modelo productivo y una rebaja una rebaja de entre 2,5 y 3 puntos para las clases medias y bajas; el reembolso progresivo del céntimo sanitario o la progresiva equiparación de los derechos sociales de los autónomos con el resto de trabajadores.

También apostó por la rebaja del Impuesto de Sucesiones, situando el mínimo exento de 170.000 en 175.000 euros, y una bonificación en la tributación para hijos menores de 21 años cuando la base liquidable sea inferior a los 250.000 euros.