El día de la marmota en el Parlament

"El Parlament insta al presidente de la Generalitat a convocar la consulta sobre el futuro colectivo de Catalunya en los términos acordados" y al Govern "a adoptar todas las resoluciones pertinentes y a destinar todos los recursos y medios técnicos y humanos necesarios para que la consulta se lleve a cabo con todas las garantías democráticas y de participación posibles". No, este no es el texto que se aprobó en el Parlament en el debate de política general de la semana pasada. Es el que aprobó dos años atrás.

Y es que un repaso a las resoluciones que aprueban los debates de política general arroja como conclusión que existen elementos que reaparecen con el tiempo. Otros son nuevos, porque fenómenos como la crisis de Siria y las migraciones, por ejemplo, se han agudizado.

Pero echando un vistazo al 2014, todavía en el mandato de Artur Mas, se puede ver como se aprobó, sin ir más lejos la necesidad de desplegar el Estatut, en concreto su artículo 24.3 para definir que las personas y familias pobres tenga "el acceso a una renta garantizada de ciudadanía y que les asegure los mínimos de una vida digna". Pues bien, dos años después, y por unanimidad de todos los diputados, se ha aprobado lo siguiente: "El Parlament se compromete a adoptar todas las decisiones necesarias para que durante el año 2017 se forma en marcha de forma efectiva la prestación de la renta garantizada de ciudadanía".

FRASES GRANDILOCUENTES

Los textos de las mociones aprobadas a veces recogen elementos de detalle que son mandatos para el Govern. Sin duda. Otras veces son frases más bien grandilocuentes: "Mejorar las herramientas de análisis del entorno económico con las que cuenta el Govern para dotar a los departamentos del diagnóstico analítico necesario para la mejora del desarrollo económico de Catalunya".

De los asuntos que aparecen repetidos, cuestiones como el fomento de la economía colaborativa (en el 2014 se instaba a su regulación para garantizar la libre competencia, la protección de los consumidores y evitar el fraude fiscal), esta semana se ha aprobado "un nuevo marco regulador para la economía colaborativa, un código de buenas prácticas que favorezca el intercambio y el consumo seguro"...

Hay otras cuestiones voluntaristas, como mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral. En el 2014 se "reafirmaba" el compromiso sobre la reforma horaria y estudiar leyes al respecto.  Dos años después "el Parlament insta al Govern a impulsar la constitución de mesas cuadrangulares para la reforma horaria".

LAS SELECCIONES CATALANAS Y LA POLÍTICA EXTERIOR

Aparecen también demandas como la de que las selecciones deportivas catalanas compitan a nivel internacional. Y también en política exterior, hace dos años ya se reclamaba reforzar la internacionalización catalana aprovechando las delegaciones exteriores. Y este año se usa el mismo verbo, "reforzar", respecto a las delegaciones y a las oficinas sectoriales en el exterior.

En política social sin duda hay casos en los que el grupo del Govern queda en minoría y se aprueban resoluciones de la oposición como la de Ciutadans exigiendo dedicar "la financiación necesaria" a la dependencia y reducir los plazos para valorar a los usuarios. Pero la viva demostración de que estas mociones a menudo caen en el voluntarismo (las conocidas frases que comienzan con los verbos "fomentar" y "promover" o "impulsar") es que se aprueban resoluciones que incluyen la exigencia de... ¡que se cumplan resoluciones anteriores!

OBLIGACIÓN DE CUMPLIR EL MANDATO PARLAMENTARIO

Los gobernantes de distinto signo han hecho un caso muy relativo a estos textos, que se votan durante más de una hora y generan kilos de papel y decenas de folios con medidas y más medidas. El 'expresident' José Montilla, durante su mandato, afirmó en el 2008 sin rubor que las mociones no eran de obligado cumplimiento. Sus socios de Esquerra tuvieron que recordarle lo contrario. "El Govern está obligado a cumplir" para no "deslegitimar al Parlament", respondió el republicano Joan Ridao.

También el Govern de Mas se negaba a cumplir determinados mandatos. En un debate de política general se aprobó, entre otras, una moción de la oposición exigiendo la construcción de escuelas y centros hospitalarios. Francesc Homs, portavoz entonces del Ejecutivo, que ya había advertido previamente que no había dinero para aprobar determinadas obras, confirmó tras la votación que no se haría caso de tal decisión por insuficiencia presupuestaria.

Así, si hace dos años se exigía impulsar leyes para afrontar la exclusión residencial, la pobreza energética y las consecuencias de la crisis en el ámbito de la vivienda, sigue este año la buena voluntad y se acuerda "priorizar la dotación presupuestaria destinada a las prestaciones para evitar la pérdida de la vivienda".

En el 2014 se pedía priorizar el dinero público para el "derecho al realojo de las familias con menores, personas mayores o discapacitados a cargo". Este año se ha llamado a "priorizar la dotación presupuestaria destinada a las prestaciones para evitar la pérdida de la vivienda".

La lista de cuestiones repetidas es larga. Incluye la aplicación de la autonomía de centros escolares (en el 2014, "utilizar todas las potencialidades de la aplicación del decreto de autonomía"; en el 2016, "apostar por la autonomía de los centros con la confianza en que ayudará a crecer a innovar.."). O la inmersión lingüística o la llamada cartera de servicios sociales, que siempre se pide ampliar. "Iniciar un proceso interno de revisión de la cartera de servicios sociales", decía el Parlament de hace dos años. "Llevará cabo una actualización técnica de la cartera de servicios sociales", se acuerda en la actualidad. O el diálogo social en el llamado marco catalán de relaciones laborales, o que la formación profesional dual siga "creciendo" (texto del 2014)  o bien "incrementar" la oferta de ciclos de formación profesional de este  tipo (según el documento acordado en la actualidad).

ESTRUCTURAS DE ESTADO

Sin duda también las estructuras de Estado aparecen en los textos aprobados. Hace dos años se pedía "planificar su creación" en muchos ámbitos, comenzando por la hacienda y la administración económica y tributaria. Hoy se acuerda algo muy parecido: "Preparar a la administración catalana para gestionar la recaudación de la totalidad de los tributos".

Seguro que la propuesta que se lleva la palma de las repeticiones es la de obtener una ley electoral propia. Este año no podía ser menos y ha sido acordada, con la abstención del grupo que apoya al Govern. Y asegura que el Parlament "se compromete" a reabrir la ponencia para aprobar un proyecto de ley antes del final de la legislatura. Una promesa que ha sido formulada... desde 1980.

Eso sí, la transversalidad se aplica generosamente. La CUP ve aprobadas cinco de sus resoluciones (incluida una titulada "basta austeridad"), el PP logra tirar adelante siete de las suyas, las mismas que el PSC, y Catalunya Sí que es pot, 14. Ciudadanos, a las antípodas del Govern en tantas cosas consigue colar seis, de ellas dos pese a los votos contrarios de Junts pel Sí.

Quizás una buena noticia sería aplicar una de las propuestas aprobadas este año, del PSC, que pide aplicar el criterio del "papel cero" en la Justicia. Se trataría de aplicarla a los miles de fotocopias de las propuestas de resolución parlamentarias. Se ahorraría muchísimo papel.