El debate que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, abrió el martes al plantear la necesidad de «modular» el derecho de manifestación se volvió ayer contra el PP, que fue acusado por juristas, fiscales, políticos y sindicatos de «restringir» derechos cada vez que tiene problemas y se tradujo en una defensa casi cerrada de la actual norma por parte de los expertos. El Gobierno, ante la cascada de críticas por la propuesta, negó que tenga intención de modificar el ejercicio de este derecho y la propia Cifuentes se vio obligada a matizar las declaraciones que hizo tras las protestas del 25-S, en las que sugirió buscar fórmulas para compatibilizar el derecho de manifestación con el de los ciudadanos a vivir en una ciudad «habitable».

La delegada Cristina Cifuentes asiste como oyente al coloquio protagonizado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ayer. AGUSTÍN CATALÁN

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Información publicada en la página 16 de la sección de Política de la edición impresa del día 04 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El primero en entrar ayer al trapo fue el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que modificó su discurso en un desayuno organizado por Europa Press. En su alocución, se comprometió a «proteger toda forma de libertad de expresión y todo ejercicio legítimo de los derechos de reunión y manifestación», pero rechazó que se pueda «otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar social como medio de deslegitimación en bloque de la forma de Estado, de las cámaras y de sus titulares». Luego, en el coloquio posterior, puntualizó sus palabras y aseguró que «restringir excesivamente» este derecho «complicaría la convivencia democrática», aunque se mostró partidario de mejorar la regulación administrativa en la norma legal, en lo que se interpretó como un guiño a Cifuentes, que escuchaba sus explicaciones.

DOCTRINA CONSOLIDADA / Sin embargo, la mayoría de los juristas consultados por este diario rechazaron cambiar la norma. Jueces que participaron en la redacción de la ley del derecho de manifestación y reunión en 1983 defendieron la constitucionalidad de la norma y sostuvieron que los ciudadanos ejercitan ahora más esta potestad «porque tienen más motivos». También recordaron que este es uno de los derechos «más fundamentales» recogidos en la Constitución y que España está obligada a defenderlo tras firmar diversos convenios internacionales.

Estos expertos también explicaron que los tribunales han consolidado el ejercicio de este derecho en aplicación del principio de que el ciudadano debe prevalecer frente a la Administración. Por ello, han optado por una interpretación «extensiva». También subrayaron que no existe «el derecho del comerciante a vender», aunque admitieron que, a veces, se puede entrar en colisión con el derecho a la libertad ambulatoria, pero que en estos casos debe tener preeminencia el «derecho de reunión de una suma de ciudadanos».

Asimismo, coincidieron con Cifuentes en que en Madrid se llevan a cabo la mayoría de las manifestaciones por ser la capital del Estado y porque así tienen mayor repercusión mediática, pero se opusieron a que se pueda limitar este derecho porque se ejercite en exceso.

La vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles, exsecretaria de Estado de Interior, calificó la propuesta de «terrible y preocupante». Robles, magistrada del Tribunal Supremo, sostuvo que cada vez que el PP tiene un problema, «la única solución por la que opta es por restringir derechos fundamentales y por el populismo barato».

Además, recordó que la delegación del Gobierno ya está facultada para cambiar, por ejemplo, los horarios o los recorridos de las manifestaciones, pero explicó que estas modificaciones deben ser lógicas. «No tiene sentido que si alguien pide concentrarse en la plaza de Neptuno [de Madrid], le manden a la otra punta de la ciudad», apostilló.

En la misma línea se pronunció el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, quien consideró «innecesaria» una regulación específica del derecho de manifestación. Y el decano de los jueces de Madrid, José Luis Armengol, sostuvo que la actual ley funciona «con normalidad». También defendió que las leyes «deben tener un reposo y una vigencia» sin que se modifiquen por criterios coyunturales. La misma posición mantuvieron los sindicatos policiales, contrarios a restringir este derecho.

REACCIÓN SINDICAL / Los sindicatos también terciaron en el debate. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, tachó la propuesta de Cifuentes de «siniestra» y «antidemocrática» y explicó en tono sarcástico: «Lo mismo acabamos añorando a la señora [Esperanza] Aguirre». Y es que casi todos los consultados atribuyeron la propuesta de la delegada del Gobierno a «un calentón».