Derecho a discrepar

Jueces, fiscales, abogados y partidos catalanes consideran desproporcionada la decisión de destituir a Rodríguez Sol

Martín Rodríguez Sol entra en la Fiscalía General del Estado para presentar la dimisión.

Martín Rodríguez Sol entra en la Fiscalía General del Estado para presentar la dimisión. / periodico

NEUS TOMÀS / Barcelona

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Los fiscales, como los magistrados y jueces, no pueden estar afiliados a un partido o a un sindicato. Esos son los dos únicos derechos constitucionales que tienen limitados y, por lo tanto, la opinión del entonces todavía fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, sobre el proceso soberanista iniciado en Catalunya debe enmarcarse en otro derecho, el de la libertad de expresión. Un derecho recogido también en la tan manida Carta Magna y que togados y fiscales pueden ejercer sin acotación alguna. Esa es la opinión mayoritaria entre la judicatura catalana, y entre buena parte de la del resto de España, que ve "desproporcionada" la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de apartar a Rodríguez Sol de un cargo al que accedió hace tan solo ocho meses.

Martín Rodríguez no es un independentista. De hecho, quienes le conocen aseguran que no es ni catalanista. Tampoco está enmarcado en los sectores progresistas y, además, es un ferviente católico. Este sería el retrato de Rodríguez Sol, al que algunos medios editados en Madrid han presentado poco menos que como a un peligroso separatista y al que su superior jerárquico ha decidido sustituir ¿seguramente condicionado también por una parte de la opinión publicada¿ a pesar de que no existan precedentes de un caso de destitución como este. Hablan para EL PERIÓDICO profesionales del sector jurídico.

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