Denuncias en marcha

Los fiscales de la provincia de Barcelona están pidiendo que se tramiten o admitan las denuncias presentadas por colectivos ciudadanos y formaciones políticas en varias poblaciones por el proceso participativo del 9 de noviembre y que fueron archivadas por los juzgados de instrucción, según fuentes judiciales. Las denuncias van dirigidas contra «personas organizadoras» que impulsaron la alternativa a la consulta, detallando los centros públicos en los que habían urnas, y en varias no se nombra al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que tiene la condición de aforado y solo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

A pesar de ello, la fiscalía insta a los jueces a que las admitan o las remitan al TSJC, puesto que, según detalla, «los hechos están siendo investigados» por el alto tribunal catalán. A esta institución ya han llegado más de una docena de denuncias en las que sí se nombra al presidente de la Generalitat y que fueron interpuestas en los juzgados de guardia de varias poblaciones. El TSJC ha designado un ponente para cada una y se han remitido al fiscal para que informe sobre si son favorables a su admisión. Después, el alto tribunal debe decidir.

Según confirmó ayer la fiscala jefa de Barcelona, Ana Magaldi, ante las denuncias presentadas el mismo día 9 en los juzgados de guardia se emitió un informe en el sentido de interesar la admisión a trámite de las demandas por si «los hechos pudieran alcanzar relevancia penal» y en el que se mostraba su oposición a las medidas cautelares solicitadas por los denunciantes, entre ellas las retiradas de las urnas, por ser desproporcionadas. Magaldi precisó que, «conforme al principio de unidad de actuación que nos obliga», antes de ser presentado este escrito recibió la aprobación «expresa» del fiscal superior de Catalunya y del fiscal general del Estado.

Hasta el Supremo

Si estas denuncias presentadas por particulares, colectivos o formaciones políticas ya suscitan conflictos jurídicos, la futura querella de la fiscalía los acrecienta, cuando lo más fácil hubiera sido que el fiscal actuara a través de los procesos en trámite. Una gran incógnita es qué pasará si el TSJC no admite la querella de la fiscalía. Este hecho sería totalmente insólito. En principio, se puede presentar recurso de súplica ante el mismo TSJC. La mayoría de juristas consideran que no se puede acudir al Tribunal Supremo, aunque otros opinan que sí.

Lo que sí tienen claro los juristas es lo que puede ocurrir si tras la admisión de la querella y la práctica de diligencias se archiva el caso. En este supuesto, la fiscalía puede recurrir ante el Tribunal Supremo. Es decir, el asunto estaría otra vez en manos de los fiscales de sala que el pasado miércoles avalaron la presentación de la querella.