La Delegación del Gobierno en Madrid ha multado con 6.000 euros a la persona que comunicó oficialmente la convocatoria de la manifestación del 25-S en el marco de la iniciativa 'Rodea el Congreso', debido a los incidentes que se produjeron en la misma. Según fuentes de la Delegación, se iniciará un procedimiento sancionador por una falta grave que comporta la sanción, aunque ahora se abre un plazo de alegaciones y recursos.

Una imagen de la concentración del pasado 25 de septiembre en el marco de la iniciativa 'Rodea el Congreso'. EFE / JUANJO MARTÍN

El Gobierno de Madrid multa con 6.000 euros al convocante de la manifestación del 25-S por los incidentes que se produjeron. ATLAS

La concentración del pasado 25 de septiembre se desarrolló de manera pacífica hasta que un grupo de personas intentaron traspasar las vallas colocadas para proteger el Congreso, y la policía cargó contra los congregados, en unos incidentes que concluyeron con 35 detenciones y 62 heridos.
En el expediente de la Delegación del Gobierno se explica que la responsabilidad del acto corresponde a los organizadores, que en este caso es una persona a título individual, tal y como estipula la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión.

Sin medidas de seguridad

El documento subraya que, durante la concentración, se produjeron altercados como agresiones a los agentes e intentos de traspasar las vallas de seguridad colocadas ante el Congreso, y argumenta que "en ningún momento se pudo apreciar la existencia de medidas de seguridad" por parte de los convocantes del 25-S. "Los hechos denunciados suponen el incumplimiento de los términos acordados en la resolución de la Delegación en la que se autorizaba la manifestación", contraviniendo el artículo 23 de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, según consta en el expediente abierto por la institución que preside Cristina Cifuentes.

Fuentes conocedoras del proceso han precisado que esta resolución "no es excepcional", ya que la Delegación del Gobierno ya ha aplicado expedientes sancionadores a organizaciones sindicales y políticas y entidades privadas que han comunicado concentraciones o manifestaciones en las que se han incumplido los términos establecidos en lo referido a recorrido, horarios o seguridad.