El número dos de la 'trama Gürtel' introduce la persecución política como defensa

El ‘número dos’ de la trama 'Gürtel', el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, negó este lunes haber cometido cualquier irregularidad, más allá de la de participar con varias empresas del grupo de Francisco Correa en los mismos concursos publicos para asegurarse la adjudicación o trocear facturas a petición de las administraciones implicadas. Y en cuanto pudo introdujo el elemento de persecución política como estrategia de defensa frente a los 85 años y medio de cárcel que pide para él Anticorrupción.

Aseguró ante el tribunal que él tenía “información” desde tres meses antes de los arrestos de que “desde el despacho de (Alfredo Pérez) Rubalcaba, y luego su sucesor (en Interior), (Antonio) Camacho,” se estaba organizando "con policías amigos una operación contra el Partido Popular”, al que se iba a llegar a través de “Correa por su relación con (Alejandro) Agag”, yerno del expresidente del gobierno José María Aznar.

A partir de ese momento tuvo cuidado al hablar por teléfono, como le recriminaba Correa en sus conversaciones al considerarle “un paranoico”. “Recibí la información en noviembre de 2008 de una persona que no voy a decir aquí”, aseguró Crespo. Luego, sin mencionarla, hizo referencia a la cacería que le costó el cargo -por carecer de la correspondiente licencia- al entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en la que coincidió con el primer instructor del caso, Baltasar Garzón.

Pérez Rubalcaba aprovechó la mención del acusado para contestarle en Twitter: "Ha recurrido a la vieja teoría de la conspiración, a aquel cuento, acuñado en la sede de Génova, de que la Gürtel no era una trama del PP, sino contra el PP. En su desesperación, este señor se ha acordado de mí, y yo, al oírle, he recordado un pasaje de un cuento de Borges, 'El acercamiento de Almotásim". A continuación, el exministro afirma: "Arguye que el rencor de un hombre tan minuciosamente vil importa un elogio".

Ante el tribunal, el exsecretario de organización del PP gallego negó los hechos que le imputa la fiscalía y no quiso ratificar sus tres primeras declaraciones: en la policía, "tras pasar 36 horas en calabozos, que son peores que las mazmorras de la edad media", por "razones particulares" del juez Garzón "por todos conocidas"; ante el propio Garzón, y ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya fallecido, Antonio Pedreira. Señaló que en ese momento ignoraba que sus conversaciones con su abogado habían sido escuchadas. Fueron anuladas por el TSJM y provocaron la expulsión de la carrera judicial de Garzón por el Tribunal Supremo.

Según el acusado, Ramón Blanco Balín, gestor de las empresas patrimoniales de Correa, también debía saber que se preparaba una operación que se concretó en el 'caso Gürtel', por la rapidez con la que ocho días antes de los arrestos transfirió la titularidad de esas sociedades al propio Crespo y a un primo del principal acusado, Antoine Sánchez. Pese a que Correa no constaba como titular, Crespo aseguró que no creía que su "jefe y amigo" actuara con opacidad, porque "los clientes, proveedores y trabajadores" sabían que él era el verdadero propietario del grupo. 

Explicó que Correa viajaba continuamente, pero hablaba a diario con él para darle instrucciones que él apuntaba en un cuaderno por problemas de memoria. Crespo, que negó saber nada de la caja B y tratar con los políticos acusados de cobrar dádivas, explicó que se ocupó de las empresas de eventos del grupo hasta 2004-2005, cuando acabó la relación con el PP nacional y el centro del negocio se trasladó a Pozuelo de Alarcón (Madrid) y a Valencia.

NADA DE LA CAJA B

Durante su declaración, Crespo trató de desvincularse del pago de comisiones a políticos, así como de la caja B. “Ni conozco el contenido de la caja B ni sé el dinero que se manejaba en la caja B”, aseguró ante el tribunal. En esa línea negó tener relación con el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (“le habré visto una o como mucho dos veces”, dijo en un momento) o con el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote, que dijo no haber conocido hasta la instrucción del caso. “Si ha habido alguna actuación por detrás de estos concursos públicos (con el ayuntamiento de Majadahonda), lo desconozco”, insistió ante las reiteradas preguntas de la fiscal Concepción Sabadell. 

Lo que sí admitió fue haber creado varias empresas para concurrir al mismo concurso. "Correa las constituyó con mi opinión favorable, que le daba con cierta frecuencia. Cuantas más empresas tengas más posibilidades hay de resultar adjudicatario de un concurso público”, explicó, algo que considera “una práctica inveterada, no solo en la construcción”. Lo que dijo no recordar es qué concurso obtuvieron con este método.

También admitió el "tinglado de facturación" que reconoció en su declaración policial que ahora no ratifica. "La propia Administración nos obligaba a fraccionar las facturas, era la administración la que me decía 'pásame tres facturas'. Nunca se facturó ni un céntimo más de lo que era el trabajo realizado", afirmó Crespo.

La fiscalía Anticorrupción imputa a Crespo los delitos de asociación ilícita, fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho activo continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuado, continuado de malversción en concurso con deilto de prevaricación continuada, delito contra la Hacienda Pública por el concepto de IRPF de 2003 y 2004, blanqueo de capitales, tráfico de influencias continuado, continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Administraciones.