¿Qué es el cupo vasco? 6 claves

Hay un tópico español, el del fuero o el huevo, que va que ni pintado para intentar aclarar por qué se ha viciado el sistema de financiación autóctono de las comunidades forales, el País Vasco y Navarra. El problema no es el fuero, sino el huevo. El problema no es el concierto económico, sino el cupo.

1. ¿Cuál es el origen del concierto económico?

El sistema fiscal foral hunde sus raíces en 1878 y emana de la necesidad de arbitrar alguna fórmula para que Euskadi pagase los impuestos al Estado tras la tercera guerra carlista. El modelo navarro se denomina convenio económico y es aún más antiguo. Data de 1841, fruto de la ley de modificación de los fueros. Este régimen especial sobrevivió incluso a la dictadura de Franco, que solo lo abolió en las declaradas como «provincias rebeldes» de Guipúzcoa y Vizcaya. Álava y Navarra lo mantuvieron siempre, y la Constitución de 1978 consagró el sistema en su disposición adicional primera.

2. ¿En qué consiste el sistema?

La diferencia con el modelo de financiación común es que Euskadi y Navarra, a través de sus diputaciones, recaudan y gestionan de forma directa la práctica totalidad de los impuestos, sujetas únicamente a ciertas restricciones de carácter general, como la obligación de mantener una presión fiscal similar a la del resto de España. También disponen de plenas competencias para aprobar normativa fiscal en casi todos los gravámenes, como el IRPF y el impuesto de sociedades. Las principales excepciones son el IVA e impuestos especiales, como alcoholes e hidrocarburos, que aún corresponden al Estado.

3. ¿Qué es el cupo?

Una parte de los recursos recaudados se entregan después al Estado mediante una transferencia (el 'cupo' en el caso vasco y la 'aportación' en el navarro) en concepto de gastos generales que este asume por las competencias que presta en estas autonomías, como Defensa o Casa Real, así como la representación exterior, mantenimiento de las instituciones comunes (Congreso, Senado, ministerios) e infraestructuras (puertos, aeropuertos, AVE). Cabe reseñar que lo que la Constitución blinda es el concierto y el convenio, pero no el cupo ni la aportación.

4. ¿Cómo se calcula el cupo?

Se calculan los gastos que figuran en los presupuestos del Estado y se resta el coste de las competencias asumidas por la comunidad autónoma. A la diferencia (las llamadas 'cargas no asumidas') se le aplica un índice que refleja el peso relativo de la economía vasca respecto de la española. Ahí radica el sesgo del modelo. Ese porcentaje se fijó en 1981 en el 6,24% en el caso vasco y en el 1,2% en el caso navarro, y ha permanecido inamovible durante más de tres décadas, por lo que no tiene en cuenta que la relación entre el PIB vasco y el español ha variado con los años a favor del primero (actualmente se sitúa en torno al 8% en el caso vasco).

5. ¿Qué disfunciones produce?

Lo único que se renegocia, cada cinco años, es la base sobre la que se aplica el cupo, atendiendo al desembolso realizado por el Estado e introduciendo ajustes y compensaciones por tributos no concertados, otros ingresos y déficit. Pero no hay cesión alguna en concepto de solidaridad, a pesar de que este principio está blindado en el artículo 138 de la Constitución. El resultado es una diferencia en la financiación pública per cápita de hasta un 165% en relación a la media. Según algunos estudios publicados, revisando la valoración de las competencias transferidas y estatales y con un simple cambio en el método de ajuste del IVA que efectúan la Hacienda estatal y las haciendas forales se podría elevar de forma sustancial la cuantía del cupo.

6. ¿Qué privilegios supone?

Lo que pagan Euskadi y Navarra no depende de los ingresos que tienen, sino de los gastos que tiene el Estado. Por ello, en tiempos de bonanza económica, las administraciones vascas y navarras disponen de más dinero para gasto e inversión por habitante, aunque esta recaudación también se ha visto mermada en estos años de crisis económica. En cuanto a los beneficios para el ciudadano, el País Vasco ha contado históricamente con una presión fiscal menor que el resto de autonomías, acentuada con las reformas fiscales del Gobierno del PP. Si se aprueban unos tipos de impuestos menores, los ciudadanos pagan menos.