La CUP presiona para aprobar la ley de ruptura antes de la Diada

El primero de octubre finaliza una etapa y, con ella, los frecuentes desencuentros en el bando independentista sobre esta hoja de ruta, a expensas de que el 2-O nazcan de nuevos, claro. Y parece que hay prisa por aventar las diferencias con el fin de hallar rápidos acuerdos. Aun con la ley del referéndum en el alero, sin saber si será admitida a trámite en el Parlament o bien se dará curso mediante decreto por el Govern, los actores del ‘procés’ han puesto en juego ya el siguiente contencioso, si acaso el último. La ley de transitoriedad jurídica o, simplemente, ley de desconexión de España.

En los últimos días tanto la CUP, este martes mismo,como la semana pasada las entidades soberanistas (ANC y Òmnium) han pedido que se apruebe antes del referéndum, a sabiendas de que el PDECat es reacia a ello. Los anticapitalistas, además, han circunscrito su exigencia y este mismo martes han avanzado la fecha deseada de aprobación a antes de la campaña electoral. ERC, como acostumbra, no hace público su disparidad de criterio con los posconvergentes, pero intramuros opinan como las entidades y, también, como los anticapitalistas.

La ley de desconexión se configura como una serie de preceptos de inmediata aplicación tras la proclamación de independencia. Es, de hecho, una declaración de independencia pero redactada en artículos y desmenuzada por capítulos. Los secesionistas consideran que se debe de aprobar antes del referéndum con la salvaguarda de que entre en vigor si vence el sí y aplicarse automáticamente cuando se den los resultados oficiales del referéndum que, contando con el escrutinio del voto por correo, no sería el mismo día uno, sino algunos días después.

La trinchera independentista, excepto el PDECat considera que entre el escrutinio y la independencia real no cabe realizarse ningún otro trámite. En el PDECat, o como viene siendo habitual, algunos sectores del partido, piensan que es mejor aprobarla en el Parlament tras el referéndum.La ley en sí, esa declaración articulada de independencia, constituye, obviamente un delito de sedición y, por tanto, fuerza una mayor respuesta del Estado. Aunque se incorpore la salvaguarda de la entrada diferida.

Confianza posconvergente

La semana pasada, el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, unió su voz al coro de voces que reclaman la aprobación pre-referéndum. El presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, el posconvergente Lluís Corominas ya señaló en su día que explicarán el contenido de la ley este mes, es decir, la semana que viene, por lo que ha negado que intenten esconder su redactado, y se ha mostrado convencido de que también se pondrán de acuerdo en el procedimiento para tramitarla. "La tramitaremos de acuerdo con todo el mundo. Cada vez que hemos tenido algún problema de este tipo nos hemos puesto de acuerdo en el calendario y la tramitación, lo hemos superado", aventuró Corominas.

La presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, ha señalado este martes en el Parlament que no cabe solo no explicar la ley de desconexión "simbólicamente", sino que "se cierren los trámites parlamentarios para tenerla aprobada antes de empezar la campaña electoral"

Eso podría llevar, incluso, si se entra esta semana o la otra en el registro, a que en el pleno del 6 y 7 de septiembre (último, ordinario, antes de la campaña), donde previsiblemente se aprobará la ley de referéndum, se dé curso, también a la e transitoriedad. Un golpe a la legalidad española en dos tiempos. Sin margen de reacción para el Estado entre uno y otro y todo en puertas de la Diada. Hecho ya todo el trabajo parlamentario, toda actuación contra la Mesa o contra los diputados sería pírrica y obraría, casi, como propulsor propagandístico de los secesionistas.